Lorenzetti, en la delgada línea entre la seducción K y la furia opositora

La llamaron a su juego. Y ella jugó. En pleno debate en el anexo de Diputados, Elisa Carrió encendió la mecha al denunciar un pacto entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia. O, directamente, entre Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Lorenzetti, las cabezas del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, respectivamente.

La carta enviada por el titular de la Corte al presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez resultó un golpe de efecto en medio de la discusión por la reforma judicial que se está desarrollando en el Congreso. De entrada, legisladores y referentes de la Justicia lo interpretaron como un revés para el kirchnerismo, pero con el paso de las horas, especialmente en Diputados, el matiz cambió y para muchos opositores Lorenzetti dejó de ser el abanderado del rechazo al avasallamiento del Poder Judicial para convertise en funcional al Ejecutivo.

Carrió expuso al juez a ese abismo ayer, cuando se despachó: A la Corte le dan el manejo del dinero, presupuesto y personal. Además de vinculara Lorenzetti con el PJ y con el pasado oscuro de Santa Fe, irónica, se preguntó si a cambio le dará un fallo favorable en la Ley de Medios o rechazará todos los juicios por el cepo. (Ver página 6)

Antes y después de los dichos de la diputada de la Coalición Cívica, en la Corte fueron claros y remarcaron que lo único que hicieron fue trasladar la preocupación que los diferentes presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales les plantearon. El término judicialización toma fuerza por estas horas en Tribunales, donde son conscientes de que, no bien los proyectos se hagan leyes, surgirán denuncias de particulares sobre la constitucionalidad de las mismas. Por eso, y evitando opinar abiertamente, la misiva detalla que los camaristas le hicieron saber al máximo tribunal que, de sancionarse los proyectos, tal como estaban, podía producirse una verdadera paralización del Poder Judicial.

Existen versiones diferentes respecto a la relevancia de disponer de la caja chica del Poder Judicial, que cuenta con un presupuesto total de $ 7.126 millones, aunque al funcionamiento interno de la Corte sólo se le asignen $ 364,5 millones, algo así como el 0,6% del presupuesto global de la Nación. Fuentes del máximo tribunal aseguran que nadie quiere administrar el dinero del PJN, pero que como desde el Consejo no lo pudieron organizar, lo maneja la Corte. Bien distinta es la postura en la Magistratura, desde donde admiten que el funcionamiento del área no era el ideal, pero aseguran que, bien manejada, es una herramienta política descomunal, especialmente por el poder de decisión que se adquiere sobre los juzgados de todo el país.

En cambio, hay coincidencias en el ámbito judicial sobre lo positivo que resulta que los jueces mantengan la potestad de designar a los secretarios de cada juzgado. Se necesita gente confiable, cuenta un encumbrado funcionario de Comodoro Py que afirma que lo que consiguió Lorenzetti, en ese sentido, no es poca cosa.

Así, tras las acusaciones de Carrió y en medio de versiones que sembró ayer Agustín Rossi, quien habló de una cumbre entre CFK y Lorenzetti la semana pasada, el presidente de la Corte quedó entre dos fuegos, a los que él se resiste, pero que resultan difícil de esquivar en el corto o el mediano plazo. El mecanismo de seducción que le propone el Gobierno, o la furia de la oposición, que estará atenta a cada movimiento.