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Viernes 24.10.2014 | 04:46
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Economía y política
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La Corte Suprema de Justicia evitó ayer tomar una resolución respecto a la disputa entre el Estado y el Grupo Clarín por la Ley de Medios e instó al Juzgado Número 1 Civil y Comercial y a la Cámara de Apelaciones de ese fuero a que fallen de manera inmediata sobre la aplicación de la cláusula de desinversión. Además solicitó la rápida designación de dos jueces del fuero contencioso para cubrir las vacantes de la Sala I Civil y Comercial, que se hizo efectiva por la tarde cuando, por sorteo informático, Jorge Morán y Marcelo Duffy fueron elegidos para tratar las recusaciones que el Gobierno realizó a camaristas.

En un fallo breve, firmado por todos los integrantes del Tribunal, la Corte le pidió al juez Horacio Alfonso, subrogante del Juzgado Número 1 en el que reside la causa Clarín, que dicte una “sentencia definitiva” sobre el caso. Desde el organismo que preside Ricardo Lorenzetti rechazaron “in limine” el pedido del Grupo para que extienda la cautelar presentada por la presunta inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios, que vence el 7 de diciembre. No obstante, la Corte hizo lugar de forma implícita a la denuncia de Clarín por denegación de justicia, al sostener que el 22 de mayo el Tribunal “solicitó un pronunciamiento final dentro de un plazo razonable”.

Si bien los jueces no hicieron lugar a la prórroga, aceitaron todos los mecanismos para que antes del denominado “7D” se resuelva si la cláusula de desinversión es o no constitucionalmente válida. Así, el nombre clave de esta larga pelea judicial pasa a ser el de Horacio Cecilio Alfonso, promovido como juez el año pasado, a cargo del Juzgado Número 2 del fuero Civil y Comercial y juez alterno del Número 1 desde mediados de octubre, cuando el Gobierno logró frenar el sistema de designaciones temporales en el fuero e instó a la renuncia del anterior subrogante, Raúl Tettamanti.

Según fuentes del sector, Alfonso es un juez afín a Javier Fernández, hombre fuerte del kirchnerismo en la Auditoría General de la Nación, y determinante en el ámbito judicial. Entre sus antecedentes sobresale que a fines del año pasado falló en contra de Clarín al dar de baja la medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 30 de la Ley de Medios, relativo a la incursión de las cooperativas de servicios públicos en el rubro, que objetaba Clarín. Tras reunirse ayer con representantes de la Corte, Alfonso denunció que padeció actos presuntamente intimidatorios, entre ellos la presencia de un automóvil durante una semana estacionado frente a su domicilio, con gente en su interior.

Respecto a las recusaciones de jueces que debe tratar la sala I de la Cámara Civil y Comercial, ayer se sorteó a los jueces contenciosos Jorge Morán y Marcelo Duffy para decidir sobre el tema, junto a Susana Najurieta, la única vocal de esa sala habilitada, tras la renuncia de Martín Farrell y, justamente, la recusación del Gobierno a Francisco de las Carreras. Entre los antecedentes de Morán y Duffy, que fueron seleccionados por sorteo entre 15 camaristas, figura el hecho de haber rechazado en septiembre tres medidas cautelares presentadas por particulares contra el cepo a la compra de dólares.

Antes de que la Corte diera a conocer su resolución, frente a los Tribunales se reunieron unos 500 manifestantes, que habían sido convocados por las redes sociales mediante la consigna “Lorenzetti no me falles”. Además, empleados de la empresa Cablevisión, propiedad del Grupo Clarín, estacionaron 200 camionetas en la zona en reclamo por la continuidad de sus fuentes de trabajo.

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