QUÉ PASAR TRAS LA POLÉMICA APROBACIÓN DEL PROYECTO EN LA C MARA DE DIPUTADOS

La judicialización de las leyes podría dilatar las elecciones en la Magistratura

Los magistrados más reticentes a la reforma esperan que se dilate la votación. Los escenarios posibles: recurrir a una cautelar o a una demanda por inconstitucionalidad

Con el paquete de reformas judiciales casi sellado en el Congreso en la madrugada de ayer, después de la maratónica y caótica sesión de Diputados, en las próximas horas caerá una demanda en un juzgado que pida la declaración de inconstitucionalidad de cada ley ya aprobada. Ese pronóstico predomina en representantes del ámbito judicial y, especialmente, en referentes de la oposición de los tres poderes (ver página 8) que creen que, de cumplirse, el proyecto kirchnerista de democratización del sector puede transitar el inevitable camino de la judicialización, el mismo que todavía desanda, por ejemplo, la sancionada pero no aplicada Ley de Medios.


La preocupación central de quienes rechazan los proyectos pasa por la reforma del Consejo de la Magistratura, que el Senado convertiría en ley el 8 de mayo tras revisar los retoques que se hicieron en Diputados por pedido de la Corte Suprema. Consideran que es el cambio más trascendente para la Justicia, y que inclina la balanza en todo aspecto para la toma de decisiones futuras del Gobierno. A partir de ese miércoles, los tiempos se acelerarán. Teniendo en cuenta que la convocatoria a las elecciones primarias (PASO) del 11 de agosto vence el lunes 13, no bien se apruebe la ley en el Congreso se espera que se produzca el llamado a los comicios y, casi en simultáneo, aparezca el primer valiente en presentar una acción de inconstitucionalidad. Ya hay una larga lista de candidatos que quieren adquirir ese rótulo.


Qué fuero se hará cargo de esa causa es un tema a resolver. La lógica indica que debería recaer en el Contencioso y Administrativo Federal, que fuentes judiciales identifican como afín al kirchnerismo. Sin embargo, en el Civil y Comercial creen que al expediente se le puede encontrar una vuelta de tuerca para que gire hacia ese fuero, adverso para el oficialismo en la causa Ley de Medios. La semana pasada, la Sala I de la Cámara de Apelaciones la misma que frustró el 7D declaró inconstitucionales dos artículos clave en la puja que el Gobierno mantiene con el Grupo Clarín.


La oposición espera que una vez judicializada la ley del Consejo, surja el segundo valiente, o sea, un juez de primera instancia que declare su inconstitucionalidad. De hacerlo, aseguran, el Gobierno podría pedir el recurso de per saltum a la Corte, negado ya dos veces en la causa de Ley de Medios. Quizás en este caso la tercera no sea la vencida, confían fuentes que transitan a diario los pasillos de los Tribunales de Talcahuano.


Mientras en la Corte repiten de manera insistente que no van a interferir en temas que se discuten en el ámbito legislativo, las denuncias de pacto entre su titular, Ricardo Lorenzetti, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hizo la diputada Elisa Carrió, todavía resuenan en los oídos de muchos jueces, aunque la mayoría descree de esa hipótesis. La Corte por ahí se destapa con una sorpresa, vaticinan los magistrados más reticentes a la reforma judicial, que auguran un escenario en el que el Gobierno se vea obligado a no poder realizar las elecciones en la Magistratura.


Para eso, cuentan, se precisa una medida cautelar similar a la que exceptúa de adecuarse de la Ley de Medios a Clarín, que se puede presentar en cualquier fuero al menos hasta que entre en funcionamiento la nueva reglamentación sobre las cautelares, que a diferencia de la reforma del Consejo, fue aprobada ayer en las dos Cámaras. Por eso, la denuncia que se haga debe frenar no sólo a uno, sino a los dos proyectos más sensibles del paquete. En esa línea, el primer paso parece haberlo dado la FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados), que aglutina a los 80 colegios de todo el país y ayer hizo público que planteará la inconstitucionalidad de esos proyectos.

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