LA ENTIDAD SONDEA A CONSTITUCIONALISTAS PARA AVANZAR CON ACCIÓN DE CERTEZA

La UIA exigió aplicar la ley de Defensa de la Competencia y prepara terreno judicial

En una rueda de prensa, la central industrial rechazó cambios menores al proyecto para reinstalar la ley de Abastecimiento y advirtió que no habrá más inversiones

En su batalla contrarreloj por evitar que avance en el Congreso el proyecto para reinstalar la ley de Abastecimiento, que logró ayer dictamen favorable en el Senado con algunas modificaciones menores, la UIA volvió a marcar la cancha con un acérrimo rechazo a la iniciativa y ya se prepara para iniciar el camino judicial en reclamo por la inconstitucionalidad de la norma.

Trascendió que evalúan sondear a algunos abogados constitucionalistas para que realicen una Acción Declarativa de Certeza que pueda ser presentada ante la Corte, si es finalmente sancionada la norma.


La entidad insistió en que el camino a seguir para defender a los consumidores de los abusos y las conductas monopólicas u oligopólicas es la aplicación de la vigente Ley de Defensa de la Competencia, que no se aplica porque nunca quedó conformado el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.


En una conferencia de prensa convocada al término del encuentro de junta directiva, el presidente de la central, Héctor Méndez; el vicepresidente, Daniel Funes de Rioja quien había llegado del debate en el Senado; el secretario, José Ignacio de Mendiguren, y el director ejecutivo, Martín Etchegoyen, repasaron los argumentos que los llevan a objetar la iniciativa y se mostraron reacios a aceptar cambios menores, como finalmente se concretaron en el plenario de comisiones (ver pág. 2). La exclusión de las pymes, cuando no detenten posición dominante, fue considerado una acto de discriminación por los empresarios, quienes volvieron a plantear su total objeción al proyecto, que promueve prácticas de intervenciones discrecionales en el proceso productivo, lo cual desincentiva la inversión, consignó la UIA en un documento entregado a los periodistas.


No nos dejaron ninguna posibilidad de negociar. Hoy, con el hecho consumado, no nos parece tener que discutir en una hora lo que ellos discutieron en seis meses, afirmó Méndez, en referencia a la negativa de la entidad en proponer cambios al proyecto. A su vez, De Mendiguren cuestionó que ponen la energía en buscar culpables en lugar de socios para invertir. Ese no es el camino y así no se defiende a los consumidores, agregó.


Lo que más preocupa a la institución es que, de convertirse en ley, la autoridad de aplicación (que pasó de Comercio al Ejecutivo en los cambios realizados ayer) podrá definir precios y márgenes de utilidad sin criterio alguno; decomisar mercaderías y productos; definir cuánto debe producir una empresa y a qué precio; exigir información comercial, estratégica y operativa en cualquier momento; cancelar concesiones, beneficios fiscales y crediticios sin razón específica, más allá de la genérica de asegurar la provisión de bienes y servicios esenciales. También inquietan las sanciones, que pueden llegar hasta los $ 10 millones o incluso triplicar la ganancia obtenida en la supuesta infracción, además de que deberán ser pagadas antes de recurrir a la Justicia en busca de una defensa.


Los directivos de la UIA hicieron especial hincapié en las facultades del Congreso delegadas al Ejecutivo. Funes de Rioja aclaró varias veces que el artículo 76 de la Constitución Nacional establece que prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejecución y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Extrañamos la Constitución, concluyó el abogado de la UIA ante la consulta de un periodista sobre si deseaban la vuelta del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

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