Casi como una secuela del cimbronazo político que generó la difusión del exhorto de la justicia suiza pidiendo investigar a Hugo Moyano por supuesto lavado de dinero, provocando la furiosa reacción del camionero que amenazó con un paro y movilización, finalmente suspendidos, los bloques de diputados y senadores del radicalismo presentaron ayer un proyecto de ley para transparentar el manejo de fondos de los gremios y las obras sociales, iniciativa que fue tachada de “antisindical” por la conducción de la CGT.
El proyecto, oficializado simultáneamente en ambas cámaras, impulsa declarar de interés público los aportes realizados por los trabajadores y que son administrados por las obras sociales y sindicatos y establece que su control quedará sometido a la Auditoría General de la Nación (AGN). Además, la iniciativa obliga a los gremios a “garantizar al trabajador el acceso a la información relacionada con el manejo de los fondos”, mediante su publicación en portales y sitios electrónicos, y dispone que esas entidades deberán hacer pública la remuneración mensual de las personas que ocupan cargos en la organización, quienes a su vez estarán obligados a presentar su declaración jurada patrimonial.
Por otra parte, la propuesta establece un régimen de incompatibilidad según el cual, “un sindicalista no puede ser empresario, tampoco puede por sí, por terceros o a través de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad ser proveedor del sindicato o la obra social”, dijo el titular del bloque de senadores de la UCR, Gerardo Morales, al presentar el proyecto en rueda de prensa. Morales dijo que la intención de su bloque es “dotar de transparencia el manejo de fondos de sindicatos y obras sociales y posibilitar que los trabajadores conozcan el uso del dinero que se destina a su salud y la organización social”. El legislador, además, anticipó que su bancada solicitará tratamiento preferencial de la iniciativa con el propósito de que sea debatida en el recinto a mediados de abril.
La oficialización de la iniciativa generó la inmediata réplica de la conducción de la CGT que, a través del diputado Omar Plaini (canillitas), consideró que se trata de una medida de neto corte “antisindical”. “Tienen todo el derecho a presentar los proyectos que quieran, pero les quiero recordar que deberían hacer una propuesta para el país y no política antisindical”, acusó Plaini, quien sostuvo que el radicalismo tiene esa actitud hacia los gremios desde 1983.
Otros referentes de la central obrera también reprocharon “el oportunismo” radical para presentar el proyecto tras la polémica desatada en torno al exhorto de la justicia de Suiza que pidió información sobre Moyano y no descartaron un pronunciamiento de la entidad en el encuentro del lunes de la conducción sindical.