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Lunes 15.12.2014 | 13:28
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Economía y política
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Con la intención de constituirse en “arbitro institucional”, la Corte Suprema de Justicia analiza convocar a una Audiencia Pública en una causa contra la mina Agua Rica, de Andalgalá, provincia de Catamarca.
El expediente es anterior a los recientes casos de represión contra ambientalistas que rechazan la minería con cianuro a cielo abierto, y la Corte debe decidir su competencia para intervenir.
Sin embargo, la posible falta de competencia no arredra a los ministros de la Corte, que consideran que deben actuar como “árbitros institucionales”, para “pacificar” cuando haya “gran conmoción social” y las provincias se ven en “graves problemas sociales”, dijeron fuentes del Máximo Tribunal.
La Corte, presidida por Ricardo Lorenzetti, ya citó para marzo a dos Audiencias Públicas con similares condiciones sociales. Una el 7 de ese mes en un conflicto con Tobas en Formosa –en la que también hubo represión–, y otra para el 28, en una causa que involucra a Jujuy por una mina de litio que se pretende explotar en un salina, aunque en este caso no es minería a cielo abierto y “es diferente”, subrayaron en el Supremo Tribunal.
En los dos casos, dijeron en el Máximo Tribunal, aparecieron los mismos roles de ciudadanos protestando y la provincia avanzando con sus proyectos, y también se da que la competencia del Máximo Tribunal no es clara, e incluso, éste podría terminar apartándose del caso, pero no antes de haber actuado como “mediador social”, con Audiencias Públicas, y si hace falta, con otras de carácter privado.
De ese modo actuó la Corte ya en dos casos anteriores, uno por desnutrición en el Chaco y otro por deforestación en Salta.
Con relación a la minería, la Corte también debe resolver sobre una medida cautelar de un juez de San Juan que suspendió tres artículos de la Ley de Glaciares. Para este caso no habrá Audiencia Pública, explicaron en el Máximo Tribunal, porque no hay una cuestión social sino un tema técnico de cómo falló el magistrado provincial.
En Catamarca, la policía desalojó el fin de semana a ambientalistas que bloqueaban rutas en repudio a la minería a cielo abierto. En los disturbios, ocho ecologistas fueron hospitalizados con heridas de balas de goma y dos policías con lesiones por pedradas.
Los manifestantes catamarqueños, entre quienes había niños y mujeres, fueron reprimidos con gases lacrimógenos cuando en la ruta 60, a la altura de Tinogasta, procuraron resistir el operativo que liberó la circulación de camiones del yacimiento Bajo de la Alumbrera. Los vehículos permanecían en las inmediaciones del lugar desde hacía unos 20 días producto del corte. Pero, luego, los opositores a la minería a cielo abierto volvieron a cortar la ruta en Tinogasta.
Los ambientalistas en medio el desalojo entonaron cánticos contra la presidenta Cristina Kirchner, quien reclamó “responsabilidad y seriedad en los planteos” de las personas que se oponen a la megaminería a cielo abierto, a las que adjudicó posiciones “dogmáticas y cerradas”.
Asimismo, hubo detenciones de 15 ambientalistas en el corte de la ruta 40, en la ciudad catamarqueña de Belén, que mantuvieron bloqueada por 15 días y que también desemboca en el yacimiento Bajo La Alumbrera.
Su presencia allí quedó encerrada entre el dispositivo que desplegó Gendarmería, al sur de la protesta, y un grupo de manifestantes pro-minero, que se concentró más al norte, sobre la misma ruta. Según denunciaron los ambientalistas, este grupo fue convocado por la empresa minera.
Por su parte, referentes de la oposición y del sindicalismo salieron a repudiar la represión de manifestantes contra la minería en la ciudad catamarqueña de Tinogasta. Legisladores opositores pidieron que el debate se traslade al Congreso.
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