Los colaboradores del viceministro de Economía, Axel Kicillof, comenzaron a trabajar en el armado de una especie de Dirección de Empresas Publicas o Dirección Nacional de Empresas. Así podría llamarse un nuevo mega ente, que en el futuro tendría como objetivo controlar a las empresas estatales como YPF, Aguas Argentinas, Correo Argentino, ARSAT y la Casa de la Moneda. El antecedente más cercano de un organismo de control de estas características fue la Dirección de Empresas Públicas creada por Rodolfo Terragno cuando se desempeñó como ministro de Obras y Servicios Públicos del gobierno de Raúl Alfonsín a fines de los 80, aunque con la llegada de Carlos Menem al poder ese organismo desapareció.

El objetivo de la DEP, en ese entonces, era el de controlar los ingresos, gastos, las asignaciones de los recursos financieros otorgados a las empresas del Estado, direccionar su poder de compra y manejar los niveles de endeudamiento de compañías como YPF, Aerolineas Argentinas, Encotel, Segba, Obras Sanitarias de la Nación, Asociación General de Puertos, ELMA y algunas otras empresas estatales. El primer director de ese holding estatal fue el economista Enrique Olivera, reemplazado luego por Horacio Lozovitz.

Los hombres de Kicillof estarían dispuestos a desempolvar ese organismo nuevamente, aunque ya existe dentro de la órbita del viceministro una Dirección General de Empresas que hasta el año pasado estaba en poder de la Secretaría de Finanzas de Economía. El propósito del funcionario es el de avanzar en homogeneizar el control de empresas que han vuelto a sus manos desde 2006. Dentro de esa nómina de compañías reestatizadas figuran los casos de Aguas Argentinas, el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y recientemente YPF. En la práctica, la creación de un ente de estas características le permitiría a Kicillof quedarse con el manejo de secretarías claves y direcciones nacionales que en la actualidad están en manos de otros ministerios.

Hace dos semanas el equipo de economistas liderado por Kicillof y que integran el subsecretario de Competitividad, Augusto Costa; su jefa de Gabinete, Paula Charvay; y el economista de La Campora Cristian Girard; comenzó a pedirle información de mayores costos, rentabilidad, producción, ventas importaciones y exportaciones, compras y ventas de dólares, índices de endeudamiento, y pagos de impuestos a las empresas del sector eléctrico nucleadas en AGEERA, ADEERA, ATEERA. También solicitó datos similares a las empresas productoras de biodiesel, y en los próximos días el pedido será extensivo a las empresas del sector gasífero, a las mineras y a otras actividades para comenzar a aplicar el sistema “cost plus”.

Los hombres de confianza de Kicillof, entre los que hay economistas formados en el CENDA y abogados que responden a La Cámpora, trabajan contra reloj para armar los equipos de técnicos que se dedicarán a analizar y monitorear los balances de las empresas en poder del Estado. Pero, además, evaluarán los números de unas 50 empresas en las que el Estado también tiene participación a través de la ANSeS. Lo concreto es que en los últimos días desde la subsecretaria de Programación y Planificación Económica comenzaron a realizar una gran cantidad de nombramientos publicados en el Boletín Oficial que dan cuenta del poder que sigue acumulando el viceministro.