Cuando los economistas definimos inflación, lo hacemos como “la suba generalizada de precios”, lo cual es un error que conduce a diagnósticos y soluciones equivocadas. Es insólito pensar que, de pronto, millones de consumidores y miles de productores de bienes y servicios se vuelven locos y empiezan a subir los precios. Por eso, más vale preguntarse si no habrá algo que tienen todos esos mercados en común y que pueda ser lo que falla. Así, descubrimos que, en todos ellos, en la Argentina, la unidad de medida es el peso.

Como cualquier bien, la moneda tiene un mercado en el que se determina su valor. La demanda, la conformamos nosotros que la usamos para atesorar, como medio de pago y unidad de medida. Además, tiene un productor monopólico, que es el Banco Central (BCRA).

Cuando se produce más vasos de lo que la gente quiere, vemos que bajan de precio. Ahora, si para comprar divisas y/o transferirles recursos al gobierno para que gaste, el BCRA emite más pesos de lo que los argentinos demandamos, también caerá su valor. El problema es que estamos hablando de la unidad de medida del valor de todos los bienes y servicios de la economía. Por lo tanto, imaginémonos que nos regalan un “metro mágico” que se va reduciendo todo el tiempo y, con él, medimos lo que tenemos alrededor. Llegaremos a la conclusión que “hay una suba generalizada de la medida de los muebles que nos rodean”; pero, en realidad, éstos no están variando su tamaño. Por ello, lo correcto es definir “inflación” como la depreciación de la unidad de cuenta, es decir la moneda. La suba de los precios es sólo un resultado.

Ahora, con un BCRA que emite a una velocidad de más del 30% o 40% interanual para financiar al gobierno, ¿cómo nos puede extrañar que tengamos una inflación de más del 20%? Lo malo es que, al intervenir el Indec, el gobierno prefirió romper el termómetro que marcaba que la enfermedad empeoraba y, como le venía bien, el médico decidió dejar las cosas como estaban.

Sin embargo, existe un remedio. En primer lugar, hay que ajustar el gasto público (incluido el pago de los servicios y capital de la deuda estatal) a lo que verdaderamente le ingresa al gobierno, más lo que pueda conseguir de financiamiento voluntario. De esta forma, logramos que deje de presionar sobre los recursos del Banco Central, permitiendo implementar “metas de inflación”. Este es el mejor sistema posible; ya que cumple con lo que manda nuestra Constitución Nacional:

“Art. 75.- Corresponde al Congreso:
Inciso 2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.

Inciso 11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación”.

De esta forma, fijando las metas de inflación, serán los legisladores los que determinarán el porcentaje del impuesto inflacionario que pagaremos los argentinos, como manda el inciso 2 del artículo 75. Además, como se establece en el inciso 11, son ellos los que tienen que fijar el valor de la moneda, que vimos antes es la inversa de su poder adquisitivo, cuya evolución se puede estimar con la inflación.

Sin embargo, no es factible implementar este sistema si el Indec sigue intervenido y engañando con las cifras de inflación. Por lo tanto, debería pasar a depender del Congreso de la Nación y ser un organismo cuya independencia de juicio del poder político esté garantizada. Así, recuperaremos el “termómetro” y los legisladores podrán controlar que se cumplan los objetivos.

En tanto, el Banco Central deberá obedecer el mandato de los parlamentarios, para lo que dispondrá de plena independencia en el uso de instrumentos de política monetaria y cambiaria. Luego, anualmente, rendirá cuentas ante el Congreso, teniendo que justificar cómo se llegó a las metas preestablecidas o por qué no se lograron. En este último caso, el Congreso podrá determinar la responsabilidad de las autoridades del Banco Central, pedir correcciones a sus estrategias y, en caso de justificarse, decidir la remoción del Presidente u otros directores de la entidad. Conclusión: con el diagnóstico correcto, la solución a la inflación es la Constitución Nacional.