La decisión del Gobierno de apurar la sanción de una nueva ley de riesgos del trabajo fue celebrada ayer en sectores empresarios y sindicales, donde reiteraron que se trata de una medida prioritaria para solucionar la fuerte litigiosidad que enfrenta el sistema. Referentes empresarios, gremiales como representantes de las aseguradoras del sistema consideraron “positivos” los cambios que proyecta el Ejecutivo para intentar contener la ola de juicios derivada de la denominada “doble vía”, aunque pidieron ser convocados por los funcionarios que trabajan en la redacción definitiva del proyecto antes de que la iniciativa sea enviada al Congreso para su tratamiento.
Según adelantaron fuentes oficiales a El Cronista, el Gobierno remitirá en marzo al Congreso un proyecto para reformular el actual régimen de riesgos del trabajo mediante la creación de un mecanismo indemnizatorio especial por daño moral que, en los cálculos oficiales, permitiría desalentar en forma indirecta el recurso de la “doble vía o cúmulo” y frenar la industria del juicio generada en el sistema a partir de los fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia.
Desde diferentes sectores empresarios admitieron conocer informalmente la propuesta en la que trabaja el Ejecutivo y se mostraron expectantes con el compromiso de la presidenta Cristina Fernández de que la nueva ley sea sancionada antes de fin de año. “Sería muy importante porque es un tema que está pendiente de resolución desde el fallo Aquino del 2004, pero queremos analizar en profundidad el proyecto y cómo se definirán todos los aspectos que están cuestionados, no solo la ‘doble vía‘”, apuntó un dirigente de la cúpula de la Unión Industrial (UIA), que encabeza José Ignacio de Mendiguren.
En el mismo sentido, desde las aseguradoras de riesgos del trabajo consideraron que “puede ser una salida” la alternativa propuesta por el Ejecutivo de crear una reparación por daño moral para desalentar la vía del juicio civil, pero alertaron que será fundamental la opinión de la Corte Suprema para que pueda prosperar ese mecanismo en la futura legislación.
Justamente fuentes gubernamentales destacaron que la nueva reforma será consultada con algunos miembros del máximo tribunal antes de ser remitida al Congreso para evitar fallos posteriores de inconstitucionalidad.