Por caminos cruzados se desarrolla en los tres poderes del Estado el caso Ciccone. Aunque en la práctica la causa parezca estar estrechamente ligada en todas sus patas, esa es la creencia que circula en el ámbito judicial, que desprende la investigación de las decisiones legislativas y que desmiente toda influencia del Ejecutivo para dormir un caliente expediente que involucra, nada menos, al vicepresidente de la Nación Amado Boudou. Así, hoy, la preocupación principal del juez y el fiscal a cargo de la casa pasa por saber quiénes son los dueños de la imprenta, cómo tomó forma la enigmática sociedad The Old Fund, controlante de la ex Ciccone y qué rol juega Alejandro Paul Vandenbroele.

Fuentes judiciales reconocen el fastidio que reina en las fiscalías y juzgados por el trato que, según argumentan, la prensa le asigna a las causas que se le tramitan a dirigentes del kirchnerismo, especialmente a Boudou, a quien se lo investiga por su participación en Ciccone y por enriquecimiento ilícito. “Acá no se responde a ningún interés”, cuenta sin disimular su enojo una voz autorizada, de largo recorrido en Comodoro Py.

Sobre el avance logrado para la expropiación de Ciccone en el Senado, en la Justicia se desligan de lo que suceda en el ámbito parlamentario y aseguran que la causa seguirá su curso natural. Esta semana hubo movimientos en el juzgado 4, a cargo de Ariel Lijo, con interrogatorios al síndico de la quiebra de la imprenta, Martín Stolkiner, y a Marcela Schneider, la hija del jubilado que figuraba como titular de una sociedad controlada por The Old Fund, la firma de Vandenbroele, presunto testaferro de Boudou y titular de Compañía de Valores Sudamérica, sucesora de la ex Ciccone, a la que el entonces ministro de Economía le habría allanado la ruta para imprimir billetes de $ 100. Ayer declaró el contador de The Old Fund, y para la semana que viene se espera con ansias que se presente una empleada del grupo inversor.

Los resultados que dejaron estos testimonios por ahora no alcanzan para descifrar quiénes son los dueños de la imprenta, incógnita que desvela a Lijo y también al fiscal Jorge Di Lello, quien la semana pasada declaró que el pase del asunto al plano legislativo quizás facilite datos a la investigación. Respecto a una entrevista a FM Vorterix que dio Di Lello se pronunció ayer el jefe del bloque de senadores kirchnerista Miguel Ángel Pichetto. En la nota, el fiscal relativizaba la importancia de la imputación del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en el marco del plan de pago que se le dio a Ciccone para levantar la quiebra. Justamente, se prevé que antes de fin de mes declare Guillermo Michel, subdirector de Coordinación Técnico Institucional del órgano tributario.