La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anticipó ayer lo que a partir de ahora se convertirá en una obligación para los mayores bancos del país. Hoy el directorio del Banco Central (BCRA) aprobará una nueva medida que exigirá a más de treinta entidades financieras prestar parte de su cartera en pesos para la producción de bienes y servicios e inversión. En un contexto en el que la economía doméstica se enfrenta a una abrupta desaceleración (ya son varios los diagnósticos que sentencian una recesión), la idea oficial es apuntalar el nivel de actividad económica a través del préstamo bancario.

La iniciativa oficial alcanza a bancos provinciales y de clasificación A, que deberán destinar el 5% de sus depósitos privados para otorgar créditos a todo el espectro empresarial. El 50% de este monto deberá dirigirse a pequeñas y medianas empresas (Pymes) y la otra mitad, a grandes compañías.

El BCRA les va a imponer las condiciones con las que tienen que lanzar los préstamos para la producción”, adelantó ayer Cristina. Y se descargó fuerte contra los bancos: “Ponen las condiciones que ponen y las tasas que ponen para que no les venga a pedir nadie”. La jefa de Estado detalló que el costo que deberán enfrentar las entidades “será establecido en un máximo de la (tasa de referencia) Badlar promedio del mes de junio del 2012 que fue 9,9% para los bancos públicos y 11,9% para los privados más 400 puntos básicos y un plazo mínimo de tres años por lo menos”. En total hace una tasa del 15% anual. Fuentes del organismo monetario, revelaron a este medio, que la expectativa es volcar fondos por $ 15.000 millones durante el próximo año.

La titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, adelantó la movida al sector, en una reunión que mantuvo ayer con las principales cabezas del sistema financiero, entre las que estuvieron presentes directivos de los bancos Galicia, Santander Río, BBVA Francés, Macro y Nación.

La nueva normativa no sorprende a los banqueros. Más tarde o temprano, en el sector contemplaban una iniciativa similar. Y es que desde la puesta en marcha de la nueva Carta Orgánica, que a mediados de marzo aprobó el Senado, la autoridad monetaria tiene la absoluta potestad para regular el crédito del sistema en cuanto a destino, tasas y plazos. El punto controversial es que las entidades deberán afrontar un costo poco atractivo para el corazón de su negocio, debido a que tendrán que ofrecer préstamos a una tasa bastante inferior a la de la inflación, por ejemplo, –calculada por privados en un 25% anual– y ya no contarán con la ayuda de organismos públicos, como las créditos del Bicentenario, sustentados por el propio BCRA a una tasa fija del 9,9%. En el Central aclararon que esta última línea igual seguirá vigente. Por otra parte, el costo del fondeo en el sistema desde el mes pasado comenzó a encarecerse. En rigor, la Badlar ya se ubica por encima del 13%, mientras que hace apenas dos semanas estaba en torno al 10%. En este sentido es que en el sector leen también la iniciativa como una manera de ponerle un techo a las tasas activas. El interés que cobran los bancos en líneas como adelantos en cuenta corriente, por ejemplo, supera el 21% anual. Y para documentos a sola firma rondan el 18%. Sólo para líneas de cortísimo plazo, dirigidas a las empresas más grandes, la tasa se ubica cerca del 12,5% anual.

Pero el Gobierno quiere aprovechar el enorme caudal de pesos con el que todavía cuenta el sistema. El ratio de liquidez, aunque viene en picada, continúa elevado. Según información oficial (al 22 de junio) se ubica en 24%. “Pedimos ahora (a los bancos) que están solventes, que están líquidos (...) ayuden a sostener la inversión”, reclamó la Presidenta durante su discurso, dejando entrever que existe un colchón de pesos ociosos en los bancos que no se está volcando al préstamo.