El Gobierno denunció al Citibank para invalidar su acuerdo con los buitres

El Gobierno denunció ayer al Citibank ante la Justicia por considerar que el acuerdo que la entidad firmó con los fondos buitre es inconstitucional y no puede ejecutarse en Argentina y pidió una medida cautelar para detener sus efectos de manera inmediata. El banco reiteró que "en todo momento" actuó de acuerdo con la ley, e insistió con sus propios recursos de amparo contra las sanciones que le impusieron el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según el Poder Ejecutivo, el acuerdo del Citibank con el fondo NML Capital, de Paul Singer, viola "los artículos 31 y 75, incisos 4 y 7, de la Constitución Nacional, el artículo 517 de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el artículo 1207 del Código Civil". En concreto, consideró que ese convenio, homologado por el juez de Nueva York Thomas Griesa, "no puede producir efectos jurídicos en la Argentina y frente a terceros, sino hasta tanto fuere iniciado un proceso de ejecución en nuestro país por las partes interesadas, según la legislación nacional". En otras palabras, las partes deberían haberse presentado ante un juez argentino para validarlo.
Ese es el argumento central de la denuncia que presentó el Gobierno, según consta en la presentación y adelantó el ministro de Economía, Axel Kicillof, al ayer por la mañana, acompañado por el secretario de Legales del Palacio de Hacienda, Federico Thea, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. "El propósito es que quede declarado como nulo por parte de Justicia el pacto que el Citibank, en sus oficina de Nueva York, firmó con los fondos buitre, en perjuicio de la Argentina, en perjuicio de los clientes y del propio banco", afirmó Kicillof.
De acuerdo con la visión oficial, el acuerdo viola leyes de orden público, porque "la regulación de la deuda pública es una decisión del Congreso de la Nación que ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia, y los títulos sobre los que el Citibank pactó son de ley argentina", dijo el ministro.
Kicillof consideró que el acuerdo entre el banco y NML Capital obligó al Citibank a anunciar su salida del negocio de custodia de bonos en el país. Ese segmento, afirmó el ministro, "daba u$s 17 millones por año" de ganancia a la entidad financiera. "Los buitres lo han echado de Argentina", concluyó.
El banco insistió en un comunicado que "en todo momento ha actuado de acuerdo a la legislación vigente". Y explicó que su casa matriz "tomó la decisión de que su sucursal en la Argentina, Citibank Argentina, ejecutase un plan de salida del negocio de custodia con anterioridad a la emisión de la Estipulación y Orden por parte de la Corte de Distrito el 20 de marzo de 2015". Esa fue la orden de Griesa que ratificó el acuerdo entre el banco y los holdouts.
El acuerdo se firmó con posterioridad a la orden de Griesa que impidió a la entidad financiera cursar los pagos, en su rol de custodio, de bonos del canje emitidos en dólares y bajo ley argentina. A partir de ese fallo, Citi informó que dejaría el negocio de custodio de bonos y pidió una cautelar, que el juez estadounidense denegó. Luego acordó con NML Capital un permiso para efectuar esos pagos hasta el 30 de junio inclusive. Ese permiso no es extensible a otros agentes que participan de la cadena de pagos, como Euroclear y Clearstream, que cursan el dinero a clientes del exterior. Esas agencias acataron la orden de Griesa.

El Citibank pidió distintos recursos de amparo contra las sanciones que le impusieron la CNV, que suspendió su operación en el mercado de capitales, y BCRA, que inhabilitó a su CEO, Gabriel Ribisich, como representante legal. Esas cautelares recayeron en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 3, a cargo de la jueza Claudia Rodríguez Vidal. La magistrada es conocida por distintos fallos contra el Gobierno. Entre las más recordadas están la declaración de inconstitucionalidad del pago de deuda con reservas del BCRA, en 2010, y una cautelar a favor de LAN cuando el Estado quería desalojarla de un hangar en Aeroparque.
La denuncia del Gobierno, en tanto, llegó al Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 4. Su titular es Rita Ailan. una jueza que designó el kirchnerismo y que tuvo actuaciones favorables al Ejecutivo, por ejemplo, al eludir una definición sobre la reforma al Consejo de la Magistratura que impulsaba el Gobierno.