Desde hoy y hasta el viernes, funcionarios del Gobierno defenderán ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París las medidas tomadas en los últimos meses en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con el objetivo de salir de la lista de países con deficiencias en el control de esos delitos, que la Argentina integra desde junio pasado.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, viajó el fin de semana junto a técnicos de ese organismo, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros (SS), el Banco Central (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El jueves, día en que arranca el plenario del GAFI, se sumará a la delegación el ministro de Justicia, Julio Alak.
A diferencia de reuniones anteriores –la Argentina se encuentra sometida a un régimen de monitoreo intensivo, por lo que es evaluada cada cuatro meses– el Gobierno decidió bajar el perfil de la delegación. Sbattella solía ir acompañado por autoridades de los otros organismos, con excepción de la AFIP, que esta vez no participarán de las reuniones.
Quien sí podría sumarse a la delegación argentina en el transcurso de la semana es el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. La AFIP creó en noviembre su Dirección de Información Financiera (DIF), que fue interpretado por fuentes oficiales como una disputa de poder hacia la UIF. La AFIP fue el organismo más reticente a compartir información con la entidad que preside Sbattella.
Según contaron participantes de la delegación argentina, Echegaray podría sumarse para mostrar al GAFI que no existe un “doble comando” y que un organismo tan sensible como la AFIP también responde al mando de la UIF en la investigación del lavado de dinero. Ese entuerto es seguido con mucha atención por el organismo multilateral. La semana pasada, el viaje de Echegaray era un hecho.
El Gobierno mostrará ante el GAFI la batería de resoluciones de la UIF y la controvertida ley antiterrorismo votada por el Parlamento en diciembre aun a pesar de las críticas dentro del kirchnerismo. Fuentes oficiales destacaron que el Ejecutivo debía tener las leyes de control de lavado y de sanción al terrorismo en junio de este año y que cuentan con esos pergaminos desde fin de año.
Por eso, los funcionarios aguardan tener buena repercusión. Los próximos esfuerzos estarán orientados en mostrar la aplicación de la ley Antilavado, para lo cual el Gobierno deberá persuadir a jueces y fiscales para que las causas avancen.
La Argentina integra la lista de países cooperantes con serias deficiencias en el control de lavado, informalmente conocida como “lista gris” desde junio. Entonces, el GAFI dio un año para cumplir con 49 recomendaciones, que ahora fueron aunadas en 40. El Gobierno dice que puede mostrar avances en casi todas.