ENERG A PUBLICÓ EN EL BOLET N OFICIAL LOS CRITERIOS PARA ACCEDER A LA TARIFA SOCIAL

Avalan aumentos para Edenor y Edesur pero excluyen a casi cuatro millones de familias

El Gobierno autorizó a las empresas a ajustar el valor agregado de distribución. Pero se estima que la tarifa social alcanzaría a un 70% de los hogares en el área metropolitana

El Gobierno de Mauricio Macri amplió ayer las medidas para el futuro incremento en la tarifa de la luz y, en el marco del sistema de distribución del servicio, dispuso la eliminación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (Puree), ordenó a las empresas Edenor y Edesur implementar la facturación mensual del servicio y estableció los criterios generales de la tarifa social para sectores de menores recursos.

A través de la Resolución 7/2016 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Energía y Minería que dirige Juan José Aranguren instruyó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para que efectúe "un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios" de esas empresas que brindan el servicio en la Capital y el Gran Buenos Aires. La medida se suma a lo dispuesto el miércoles por el Gobierno que determinó los nuevos precios de potencia y energía en el Mercado Mayorista Eléctrico, que regirán entre febrero y abril (se revisarán en forma trimestral), y que disparará incrementos desde 300%.

Más información: quiénes pueden pedir la tarifa social

No obstante, las autoridades nacionales decidieron excluir de los aumentos a un gran porcentaje de hogares residenciales. En la norma publicada ayer se establecieron algunas de las condiciones para acceder a la tarifa social (que tendrá un costo cero para los consumos hasta 150 KWh; límite que será subsidiado por el Estado en su totalidad).

Todavía resta que el Ministerio de Desarrollo Social establezca el procedimiento, que será informado antes del lunes, día en el que el que Aranguren realizará el anuncio formal de los aumentos. Se estima, que sólo en el área metropolitana donde operan Edenor y Edesur, la tarifa social alcanzaría a un 70% de los hogares, unas 3,7 millones de familias. Los cuadros tarifarios con alzas promedio que oscilarán entre 300% y 500% según los casos, abarcaría un 30% de los titulares de los grupos habitacionales o del servicio de luz, con ingresos superiores al promedio nacional.

Y es que los criterios para acceder a la tarifa social abarca a: los jubilados o pensionados por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional ($8598 brutos); las personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a $12.120 (dos salarios Mínimos Vital y Móvil); los inscritos en el Régimen de Monotributo Social y aquellos que estén incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley Nº 25.239). También se verán beneficiadas las personas con certificado de discapacidad, aquellos titulares de programas sociales y quienes estén percibiendo el seguro de desempleo.

No obstante, quedarán excluidas del beneficio aquellas personas que tengan registrados más de un inmueble, posean una aeronave o embarcación y tengan un vehículo con menos de 15 años de antigüedad.
Por otra parte, el artículo 1º de la resolución establece el inicio del incremento de valores para las empresas distribuidoras de la energía eléctrica, que se verá directamente reflejada en lo que abonarán los usuarios, "a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)", lo que deja en claro que habrá nuevos aumentos. En ese sentido, la norma explica que "se hace necesario introducir ajustes a los valores de los cuadros tarifarios vigentes para la prestación del servicio de distribución, que permitan incrementar los ingresos de Edenor y Edesur, a efectos de mejorar la calidad de dicha prestación".

La Resolución, deja además sin efecto en su artículo 6 el Puree, el programa implementado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que tenía por objetivo fomentar el ahorro de energía a través de bonificaciones para los usuarios que redujeran el consumo. En los argumentos de la medida, el Gobierno también hace una dura crítica a la gestión de Cristina Fernández en el área, al afirmar que "implicó la ausencia de un esquema tarifario que brindara señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios".

Según la norma, el régimen "alteró criterios de justicia distributiva en la asignación de los recursos públicos favoreciendo a los usuarios de las distribuidoras que actúan bajo jurisdicción federal en desmedro de los habitantes del resto del país".

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