Energía: un círculo vicioso con una cadena de responsables

Cada vez que la temperatura llega a puntos máximos o mínimos, los argentinos viven el mismo drama. Los cortes de luz, gas y agua se multiplican y se convierten en moneda corriente cuando el calor o el frío extremo irrumpen. Los usuarios cargan sus tintas contra las empresas. El Gobierno también las responsabiliza. Y desde las empresas suelen argumentar que se trata de casos aislados que responden a situaciones extraordinarias.

Pero lo cierto es que las interrupciones se dan dentro de un esquema mucho más complejo que atañe a más de una causa y a una cadena de responsabilidades. Más allá de los problemas técnicos que se suscitan en momentos de contingencia, Estado, compañías y consumidores; todos anotan su poroto para que se desaten fallas en el servicio y suministro.

En el sector energético apuntan a un sólo responsable: el Gobierno y su política de congelamiento de precios que derivó en un aumento de subsidios millonarios en la última década para que el precio de la energía en los hogares se mantenga a raya. Después de 10 años de valores rígidos, en la actualidad en Capital Federal, por ejemplo, el promedio de una boleta de luz es de $ 70 que pagan los particulares de manera bimestral, contra otros servicios que cuestan hasta seis veces más de manera mensual (y una inflación que según estimaciones privadas se ubica en torno al 25% anual). La demanda en ese mismo lapso escaló un 65%.

El sistema eléctrico se divide básicamente en tres grandes actores: generadoras, transportistas y distribuidoras. La gran dificultad, advierten en el sector, se encuentra anclado en esta última pata. En la factura de luz un 30% corresponde al precio de la energía (generación); otro casi 30% al valor agregado de distribución (distribuidoras); entre un 3% y 4% al transporte y el restante 30% responde a impuestos. El Gobierno subsidia la parte del precio de la energía, es decir al cliente no a las empresas.

"Aunque lidian con inconvenientes, el problema con los cortes no se da tanto en la generación porque el Gobierno importa energía, ni en el transporte, si no en la distribución, porque el ajuste se debería dar en realidad en el valor agregado", explicó una fuente de la industria que prefirió anonimato.

Ante la tarifa congelada, las distribuidoras como Edenor y Edesur empezaron a percibir severos problemas de caja, con balances negativos año tras año desde 2010. De esta manera, estas compañías, que deben seguir pagando sueldos, realizan inversiones mínimas pero además hace un tiempo dejaron de pagar la energía a las transportistas y por ende, generar cuello de botella con las generadoras. El Estado comenzó a subsidiar lo defaulteado por las distribuidoras. La situación detonó una deuda abultadísima en Cammesa, que importa y vende a las generadoras esa energía.

Por esa razón, si bien una quita de subsidios aunque sincera los precios, en el mercado aseguran que no alcanzaría como medida para paliar las fallas. "No ataca directamente al corazón del flagelo, porque no encierra una actualización pura de la tarifa, ni impacta directamente en la caja de las empresas", graficó otra fuente del sector.

Hace dos años el Gobierno comenzó a eliminar los subsidios para determinados clientes, de mayor nivel adquisitivo. Con la medida, se suprimieron subsidios a cerca del 10% de los casi 5 millones de clientes que concentran Edenor y Edesur. Desde el Ministerio de Planificación habían prometido continuar la tendencia, pero imprevistos, como el accidente de Once, frenó en seco la promesa.

"Si no se realizan ajustes, no habrá inversiones suficientes para reparar cables, abrir subestaciones o ser más eficientes en la reposición del servicio, los cortes seguirán", comentó un ejecutivo. Un precio más cercano a realidad, ayudaría además a un consumo más racional del lado de la demanda y evitaría la saturación en el sistema.

Entretanto, para el Gobierno la culpa es exclusiva de las empresas. Ayer, un comunicado de la cartera a cargo de Julio De Vido reafirmó que la Nación ha invertido lo suficiente en generación y transporte. Y emitió una resolución que ratifica las notas enviadas por el ENRE a las distribuidoras la semana pasada, en la que se las obliga a contratar a todo el listado de empresas contratistas y cooperativas disponibles para intervenir en todos los casos de contingencia.