CAUSA VIALIDAD

¿Y si la condenan a Cristina Kirchner? Por qué en el Gobierno minimizan una parálisis del Estado

Un eventual fallo adverso a la Vicepresidenta, sumado al clima de confrontación con la oposición en el Congreso, no resultan motivos alarmantes para el albertismo. El posible impacto institucional.

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"No habrá bloqueo a la administración pública ni parálisis en el Estado". La frase se imparte casi como una orden de los principales despachos de la Casa Rosada y responde a un mantra que tiene en estos días Alberto Fernández: el Presidente está convencido de que un fallo judicial adverso a Cristina Kirchner por la causa judicial de Vialidad será "un duro golpe institucional" para la Argentina pero no cree que ello vaya a implicar un freno en el funcionamiento del Estado.

Desde la cúspide del poder, un funcionario de estrecha confianza de Alberto Fernández comentó ayer a El Cronista que en el Gobierno temen que el Tribunal Oral Federal 2 que lleva la causa Vialidad dará a conocer el próximo martes 6 de diciembre el veredicto final con la posible condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner

Al igual que varios referentes del Gobierno, el albertista de pura cepa consultado por este medio está completamente convencido de que ese fallo será una "muy mala señal para la democracia". Esgrimen también similitudes con el caso de Lula Da Silva en Brasil que hace unos años fue preso por una causa de corrupción.

Otros funcionarios del primer piso de la Casa Rosada califican de antemano el eventual veredicto como "un ataque a todo el sistema democrático" de la Argentina porque, entienden, no hay sustento legal para determinar la figura de asociación ilícita y esgrimir la idea de los fiscales que solicitaron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta.

PARALISIS ESTATAL

Hasta allí, las coincidencias del Gobierno con todo el núcleo duro del kirchnerismo sin unánimes. Dicho todo esto, en el entorno de Alberto Fernández minimizan el eventual efecto negativo en la administración pública de ese fallo y no temen por una parálisis de todo el Estado.

La amenaza con un paro total en todo el Estado que esgrimieron los referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Capital Federal ante una eventual condena a la vicepresidenta no creen en la Casa Rosada que vaya a tener efecto concreto alguno en el funcionamiento de la administración pública. Tampoco sospechan de algún artilugio de La Cámpora para frenar definiciones del Gobierno.

Hay varios motivos que esgrimen en el entorno presidencial sobre esta hipótesis de efecto reducido del fallo en el Poder Ejecutivo.

Por lo pronto, en el Gobierno descreen del poder real del gremio ATE Capital en la administración pública nacional. En cambio, se apoyan en el mayoritario gremio de UPCN que lidera Andrés Rodríguez de buena relación con el Presidente y estiman que la pelea se dará en el plano del Poder Judicial y no del Ejecutivo.

Los cuestionamientos por un fallo adverso deberán plantearse en los Tribunales pero no en la Casa Rosada, razonan en el Gobierno.

CRISIS EN DIPUTADOS

Ayer, la Cámara de Diputados fracasó en su intento por sesionar para reelegir a las autoridades del cuerpo y la sesión convocada para avanzar con la creación de una serie de universidades, además de acuerdos y convenios internacionales fue un escándalo absoluto. 

La mayor parte de la oposición conformada por Juntos por el Cambio decidió no dar quórum a raíz de la decisión de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, de suspender las postulaciones de los cuatro diputados para el Consejo de la Magistratura.

Este clima beligerante entre opositores y oficialistas amenaza con persistir y paralizar la tarea legislativa hasta fin de año.

"El Frente de Todos y Juntos por el Cambio convirtieron al Congreso en un circo romano. Pero no hay pan, sólo circo. Una vergüenza absoluta", expresó a El Cronista el diputado del interbloque Federal Alejandro Topo Rodríguez. La imagen parlamentaria describe el oscuro horizonte que se vislumbra en un Congreso que marcha al ritmo de los ánimos de Cristina Kirchner y su embate contra la Justicia.

En la Casa Rosada observaron con sorpresa todo lo ocurrido ayer en Diputados pero no temen que una eventual parálisis legislativa afecte el funcionamiento operativo del Congreso por una sola cuestión: el presupuesto 2023 ya fue aprobado.

Hacia adelante, la Cámara de Diputados tiene una agenda de temas que había pedido Alberto Fernández en la ampliación de sesiones ordinarias como son los casos del proyecto de compre argentino o la ley de promoción de la agroindustria. También quedan en la grilla proyectos como el de humedales, electromovilidad o alquileres. 

Sin embargo, en el Gobierno aseguran que esas iniciativas no afectarán el funcionamiento del Estado ni mucho menos. A lo sumo, cuando el Presidente tenga que definir los temas que pondrá en lista para la habilitación de sesiones extraordinarias en el Congreso deberá saber que el clima de convulsión política en el Parlamento no le ofrece seguridad de tratamientos seguros de leyes.

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