Política fiscal

Congelar el gas obligará a Guzmán a buscar $ 37.000 millones extra

La Secretaría de Energía recalculó el costo de los subsidios por si se congela el precio mayorista. Para mantener constantes los subsidios el gas debería aumentar 23% en julio, más las tarifas reguladas

El congelamiento del precio del gas que se traslada a tarifas, una alternativa que está entre los análisis del Gobierno, tendrá un menor costo fiscal que lo informado hace unos días por la Secretaría de Energía, ya que los técnicos oficiales utilizaron un tipo de cambio basado en un viejo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y ahora lo ajustaron al del Presupuesto 2021 ($ 102,40 por dólar a diciembre).

Esto libera al Tesoro de la obligación de destinar miles de millones de pesos extra en concepto de subsidios e incluso ayuda a que el aumento en las tarifas no sea tan pesado para la población.

Pese a que el presidente, Alberto Fernández, aboga por una desdolarización de la energía, el precio del gas en la Argentina se referencia en dólares, ya que es una commodity. Lo que no se produce localmente se debe importar y pagar en la moneda estadounidense. Si se cumple la meta del ministro de Economía, Martín Guzmán, de anclar el tipo de cambio en $ 102,40 (y que la devaluación sea menor a la inflación), el sistema energético tendrá un costo menor.

"El Estado nacional está tomando actualmente a su cargo una porción equivalente al 55,7% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria. La continuidad de esta situación implica un costo fiscal anualizado $ 110.586 millones y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el Presupuesto 2021, generando un faltante de $ 36.736 millones, lo que requeriría de mayores ingresos fiscales o de una reestructuración presupuestaria que derive fondos actualmente asignados a otras erogaciones", describió la cartera que conduce Darío Martínez

"Mantener inalterables las partidas presupuestarias aprobadas, considerando la porción que se imputa a IEASA en concepto de volúmenes de origen importado (Bolivia y GNL) destinadas a financiar la porción que el Estado toma a su cargo para abastecer la demanda prioritaria, implicaría readecuar la proporción de ese costo que hoy toman a su cargo los usuarios, lo que implicaría que el componente gas debería ser corregido en un 42%, que se traduciría en una adecuación tarifaria del orden de entre el 17 y el 23 % para el caso de dos ejemplos para consumos mensuales de los meses de marzo y julio respectivamente", adicionó Energía en un informe anexo al publicado hace dos semanas.

Se trata de una estimación más benévola, que se presentó de cara a la audiencia pública que tuvo lugar ayer y que duró ocho horas, con la participación de defensores de usuarios y consumidores, legisladores y ejecutivos de las empresas petroleras, distribuidoras e industrias.

Para hoy, la audiencia que estudiará el componente regulado de las tarifas de transportistas y distribuidoras tiene anotados unos 268 oradores.

Las licenciatarias de estos servicios públicos pidieron incrementos en su porción de valor agregado de entre 44% a 58%, que tendrían un impacto de alrededor de 15% sobre la factura final que les llega a los usuarios.

El gas representa el 41% de la boleta; el transporte, un 11%; la distribución y los impuestos, 24% respectivamente cada una.

De esta forma, para mejorar la ecuación financiera y permitir la operación segura y confiable de las empresas, el Gobierno debería habilitar solamente un ajuste en el transporte y la distribución pero no en el gas si quiere que las tarifas crezcan por debajo de la inflación.

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