Blanqueo: las provincias suman impuestos sobre la hora y falta una definición crucial

En medio de la segunda prórroga de la "Etapa 1" del blanqueo de capitales, el Gobierno de Santa Fe busca crear un nuevo impuesto para quienes se adhirieron. La estrategia judicial y la definición que se viene de la provincia de Buenos Aires.

Luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) diera a conocer que, al 31 de octubre, 104.390 contribuyentes ingresaron con la apertura de 300.967 Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) -por u$s 19.023 millones- y la declaración de 11.233 inmuebles, la gobernación de Maximiliano Pullaro busca sumar recursos.

En el Proyecto de Ley Tributaria 2025, que debe tratarse la legislatura provincial, se planteó la adhesión al Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743) con una franquicia de u$s 100 mil y para quienes la superen el cobro de una alícuota del 2%.

"[El] impuesto especial genera un crédito fiscal a cuenta de Ingresos Brutos (IIBB), para nuevos emprendimientos productivos y de construcción de viviendas", destacaron en la presentación a cargo del ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Aunque con la aclaración de que lo recaudado se aplicará para devoluciones de saldos a favor a contribuyentes sin riesgo fiscal. "De esta manera generamos ecuanimidad con quienes fueron cumplidores", destacaron.

Una propuesta que el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez calificó de "inconstitucional". "No puede Santa Fe establecerlo porque el impuesto al blanqueo es coparticipable. Por la ley, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no pueden establecer un impuesto análogo a uno nacional coparticipable", aseguró.

Es la misma postura que manifestó en el streaming del Ministerio de Economía el arquitecto de la Ley 27.743, el socio del Departamento de Impuesto de Bruchou & Funes de Rioja, Liban Kusa. La persona que en primer lugar pensó el presidente Javier Milei para ser administrador federal, pero que ahora tendría una mayor distancia con el Gobierno, dado que su vínculo venía por el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Pese a ello, Domínguez afirmó que en el caso de que la legislatura provincial apruebe el proyecto con esa especificación, los contribuyentes deberán pagarlo y apelar a otra instancia para reclamar. "La provincia lo va a cobrar y se tendrá que analizar que estrategia aplicar para lograr que la Justicia se expida sobre su inconstitucionalidad. Eso, muchas veces, lleva años y años", comentó.

En cuanto a la posibilidad del "crédito fiscal" a cuenta de IIBB, Domínguez también se mostró en contra dado que no todos lo podrán aplicar: solo lo que llevan a cabo nuevos emprendimientos productivos y construcción de viviendas.

La misma postura tuvo el socio de Expansión, Diego Fraga quien a su vez expone lo que se releva con el destino que se le pretende dar. "El Gobierno provincial está reconociendo que recauda por encima de lo que permite la ley y a su vez, están inventando un nuevo impuesto para poder devolver el dinero que tomaron indebidamente", sostuvo.

Al igual que el contador Marcos Felice que aseguró que deberían ser automáticas y si la provincia ya lo recaudó tendría que estar disponible para devolverlo. Porque de lo contrario significa que no están utilizando adecuadamente el impuesto adelantado por los contribuyentes.

En esta cadena que plantea el Gobierno de Santa Fe, para el abogado Fraga, en algunos casos se generarían más deudas del fisco provincial con el contribuyente, ya que la alícuota del 2% que se cobraría se podría utilizar para pagar IIBB.

Aunque sembró una duda: ¿De dónde va a sacar el Gobierno de Santa Fe los datos? Dado que hay secreto bancario que no cede ante los fiscos provinciales, salvo que haya una investigación puntual, y a ARCA no le convendría darlos porque atentaría contra los contribuyentes que confiaron e ingresaron al blanqueo.

Las implicancias y la definición de PBA

El cambio en las reglas de juego que plantea Santa Fe sobre el fin la "Etapa 1", para el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti, atenta contra la seguridad jurídica de quienes regularizaron como también sobre los contadores.

"Ahora se debe mandar un mensaje explicando por qué el blanqueo, que el cliente consideraba cerrado, trae aparejado un nuevo costo no advertido originalmente, lo cual sin duda daña la imagen profesional del asesor", comentó.

Pero esta propuesta no sería la única y faltan definiciones de otras provincias al respecto, como la de Buenos Aires. "Lo importante es ver qué hacen las grandes jurisdicciones como Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe", afirmó en una entrevista con El Cronista el titular de la Agencia de Recaudación, Cristian Girard.