Sed de dólares: analizan subir la nafta y dar subsidios al gas para evitar importaciones

En plan de cuidar los dólares, el bien históricamente más codiciado y escaso de la economía argentina, el Gobierno lanzará en los próximos días el Plan Gas 4, que subsidiará a la producción, y analiza un aumento en los precios de las naftas y el gasoil.

Ambas medidas, con efectos que se podrán ver claramente en menos de un año, podrían ayudar a proteger los pocos dólares con los que cuenta el país en momentos de estrictos controles cambiarios, mediante la sustitución de importaciones por oferta local.

El incremento en los precios de los combustibles líquidos está siendo evaluado por el presidente, Alberto Fernández, y el titular de YPF, Guillermo Nielsen.

Por ahora, el estudio es sólo preliminar, ya que rige un congelamiento de facto hasta octubre, que podría ser revisado si la cotización internacional del petróleo sigue en alza y supera los u$s 45 por barril durante nueve días seguidos más, después de lo que sucedió este miércoles.

En efecto, el Decreto 488/2020, publicado el 19 de mayo en el Boletín Oficial, repuso el "barril criollo", y tendrá una revisión trimestral, que sería a mediados de este mes.

La norma solo indica que hasta el 1° de octubre no subirán los impuestos a los combustibles, pero se entiende informalmente que tampoco lo hará el producto en sí.

Las compañías competidoras de YPF  en el mercado del Downstream (refinación y comercialización de combustibles líquidos: en ese segmento están Raízen -que opera la marca Shell-, Axion, Puma Energy) están de acuerdo con la idea de descongelar los precios.

Según los cálculos de una refinadora, que compartieron en reserva con El Cronista, el atraso en los precios llega hasta un 15%. Otra firma, en tanto, estimó entre 10% y 12% el porcentaje de retraso. 

En una entrevista con el programa Minuto Uno por el canal C5N, el lunes por la noche, el jefe de Estado dijo: "Tenemos algún problema con el tema de las naftas. Por ahora están congeladas pero estamos hablando con YPF".

Nielsen, en tanto, confirmó ayer en Buenos Vecinos (Radio 10) y Pasaron Cosas (Radio Con Vos) las conversaciones, pero descartó una decisión inminente.

No obstante, aclaró que el atraso es "muy significativo" e impacta sobre las cuentas de la empresa.

El presidente de YPF cree que sería una mala señal para la inversión si los combustibles persistieran congelados por largo tiempo y en el mediano plazo Argentina debería volver a importar petróleo.

En 2020, las petroleras solamente invertirán u$s 5287 millones (según sus planes presentados a la Secretaría de Energía), el monto más bajo en los últimos nueve años.

De ese total, el 52% corresponde a la firma estatal, con sede ejecutiva en Puerto Madero. Se trata de unos u$s 2750 millones.

Solamente el aumento de 30% en los impuestos a los combustibles concretado en abril, que no fue trasladado a los surtidores, representa 6 puntos porcentuales sobre el precio final que tuvieron que absorber las petroleras. Para YPF esto tiene un costo anual cercano a los u$s 250 millones.

La empresa estatal atraviesa una delicada situación de caja, agravada por la caída de hasta 70% en las ventas de los combustibles en la primera etapa de la cuarentena . El alto nivel de endeudamiento de la petrolera estatal es otro problema a resolver.

Sobre la situación de los precios, en otra refinadora apuntaron: "Hay un congelamiento desde diciembre del año pasado, mientras que el dólar mayorista  aumentó más de un 20% y la inflación desde entonces hasta junio fue de 16,5%. Difícil de sostener".

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Productivo apura para el final de esta semana el lanzamiento del Plan Gas 4, mediante el cual el Tesoro Nacional garantizará con subsidios la producción del fluido por cuatro años, desde septiembre de este año hasta 2024.

Los objetivos son sustituir importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles líquidos (gasoil y fuel oil para el funcionamiento de las centrales termoeléctricas) y disminuir el costo fiscal para conseguir una balanza energética superavitaria.

El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, lo adelantó en una conferencia virtual que mantuvo ayer con la Cámara Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

El programa cubrirá con transferencias del Estado una parte del costo de la producción del gas. Otorgará también un lavado de cara para Vaca Muerta , cuya actividad fue menguando en los últimos doce meses.

Habrá en agosto o septiembre una subasta competitiva en la que participarán oferta (petroleras) y demanda prioritaria (distribuidoras) y usinas eléctricas (con Cammesa como comprador) por un bloque anual de 70 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) y un volumen adicional para los meses de invierno.

El precio actual de mercado es cercano a los u$s 2,70 por millón de BTU, aunque la licitación en modalidad firme y por 4 años podría arrojar un resultado algo mayor. El Estado se comprometería a subsidiar la diferencia hasta los u$s 3,5.

La intención del Gobierno de realizar esta subasta para darle previsibilidad a los inversores fue anticipada por El Cronista el 10 de febrero.

Pese a que el Plan Gas 4 podría hacer repuntar las inversiones en el segmento del gas, que fueron paralizadas progresivamente desde mediados de 2019, las petroleras buscan que el Gobierno retome los pagos de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) de 2018.

Recientemente, el Congreso dio marcha atrás con la aplicación del artículo 7° del Decreto 1053/2018.

Esa estatización de la deuda de las distribuidoras con las productoras, definida por el ex presidente, Mauricio Macri, para no cargar a los usuarios con la diferencia (ya que las distribuidoras no ganan ni pierden con la compra-venta del gas), tuvo un costo para el Estado de $ 24.500 millones.

Los principales acreedores son dos empresas estatales: IEASA (ex Enarsa), con $ 8903 millones, e YPF, con $ 6795 millones.

Por la denuncia que realizó Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) contra el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y sus antecesores en el ente, el Tesoro suspendió los pagos, ya que está en cuestión la legitimidad del precio del gas pactado para 2018.

"Son derechos adquiridos que tienen las empresas. Si se voltea, ¿qué garantía tenemos hacia adelante de que cualquier plan de estímulo se vaya a cumplir?", lamentaron en una de las principales productoras privadas de gas.