Por decreto, Alberto limita el accionar de los espías

Fue uno de los anticipos de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa del domingo. Este jueves en el Boletín Oficial se publicarán dos decretos presidenciales: uno para limitar la acción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y otro para otorgarle carácter público a sus archivos sobre el atentado a la AMIA de 1994, argumentando que a pesar de la desclasificación de Mauricio Macri en 2017 "persisten en la actualidad diversos obstáculos para un acceso pleno al derecho a la información".

En paralelo a la anunciada reforma judicial delineada por la ministra de Justicia Marcela Losardo (de la que habría novedades la próxima semana), el Jefe de Estado apuntó a "los sótanos de la democracia", como catalogó a la relación entre la Justicia, medios y la organización de los espías que supo hacerse de una temida reputación bajo las siglas SIDE.

Después de intervenir la AFI, que quedó en manos de Cristina Caamaño, y post-discurso en el Congreso, hoy llegará la primera modificación a la ley de Inteligencia (25.520), en su artículo 4, con respecto al alcance del trabajo de los espías. "Ningún organismo de inteligencia podrá", dirá a partir de ahora, "realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal".

Tampoco, continúa la enumeración, podrán "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, policiales o de investigación criminal".

No podrá, además, "Influir de cualquier modo" en la situación institucional del país, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en personas ni medios de difusión. Ni "revelar o divulgar" información secreta "relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas" salvo orden judicial.

Queda para una futura norma, según lo anticipado por Alberto Fernández, transparentar el presupuesto de la AFI para que el 90% de sus fondos sean públicos y apenas un 10% reservados, ecuación hoy invertida.

Esta avanzada llega años después de un primer impulso que intentó dar Cristina Kirchner de Kirchner, luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman, con la reconversión de la SIDE a la AFI. Luego, la actual Vicepresidenta, incluso, sería protagonista de varias escuchas telefónicas reveladas en medios de comunicación. La colaboración de los espías junto a la Justicia forma parte del concepto de "lawfare" denunciado por el kirchnerismo.