La alta presión tributaria, al tope de las preocupaciones de empresarios

A diferencia del resto del mundo, donde se la ubica en el 7° puesto de preocupaciones, los hombres de negocios argentinos lo colocan entre 1° y 2° lugar en importancia el peso de los impuestos   

La presión tributaria está hoy en el tope de las preocupaciones de los empresarios, lo que supone una desventaja para las decisiones de inversión que el país necesita para desarrollarse y en la capacidad de competir globalmente.

"La presión tributaria es uno de los principales temas de preocupación junto con la inflación, que al final del día tiene el mismo origen, que es cubrir el déficit fiscal. Lo que hay que bajar es el costo del Estado. La carga tributaria atenta contra el mundo de los negocios. La primera decisión que genera es la de no seguir invirtiendo", dijo Santiago Mignone, socio de PWC Argentina.

Para el Comercio, la carga de hasta 40% es un estímulo a la informalidad y un freno a la actividad

El aumento de la carga tributaria preocupa al 94% de los CEOs en Argentina, según la 22° Encuesta Anual Global de CEOs que se hizo en septiembre y octubre pasados y que presentó PWC en el Foro Económico Mundial de Davos.

En las últimas tres ediciones, los argentinos pusieron la carga impositiva en el primer o segundo lugar, a diferencia de sus pares en el mundo que lo ubican en el puesto 7°.

Miguel Acevedo, presidente de la UIA, ya en agosto le planteó a Leandro Cuccioli (AFIP) la alta presión fiscal

En una encuesta de KPMG realizada en diciembre pasado a CFOs, el 53% agregó que Ingresos Brutos (IIBB) es el impuesto que más incide en los precios de los productos y servicios que comercializan.

Un 87,5% mostró escepticismo en que el Consenso Fiscal cumpla con la rebaja gradual comprometida. Y 60,5% coincidió en que el marco fiscal postergó o canceló en sus empresas nuevas inversiones el año pasado.

Industria agradece anticipo de reducción de aportes pero se queja de las quitas regionales

"Es, sin dudas, una señal a tener en cuenta en un contexto en el que la Argentina necesita atraer inversiones", precisó Fernando Quiroga Lafargue, socio de Servicios Financieros de Impuestos en KPMG Argentina y responsable de la encuesta.

A pesar de que los empresarios reconocen que hubo intención oficial en reducir la carga fiscal, el 81% de los consultados por la consultora proyectó para 2019 una mayor presión tributaria que en 2018.

Para los exportadores de servicios, los derechos de exportación suponen una carga equivalente a la rentabilidad del negocio, que este año se compensará con mayores eficiencias y trasladando un parte al precio, lo que puede reducir el volumen de ventas.

Señalan a Ingresos Brutos como una distorsión que espanta inversiones

"Si bien es un derecho que se cobra por dos años, según el decreto que lo impulsó, no sabemos si serán dos años o una nueva forma de recaudación que continuará en el tiempo", dijo Luis Galeazzi, director ejecutivo Argencon.

"El argumento de origen en septiembre era que la devaluación provocaba que los exportadores ingresen más pesos por dólar y no era un problema para la industria. Sin embargo, esa ecuación solo valió en ese momento porque, desde entonces, el dólar se planchó y los costos internos aumentaron al ritmo de la inflación, con lo cual el margen excepcional se reduce progresivamente".

Sin excepciones

La diversidad de productos del campo refleja que la carga sobre las exportaciones fue una medida que "se hizo tan generalizada, que deja a la luz cuestiones de costo-beneficio fiscal, que no son tan eficientes", dijo Ezequiel de Freijo, economista Jefe de la Sociedad Rural Argentina.

Señaló que al sector frutícola obtuvo un aumento de la carga tributaria de 15 puntos (porque paga $ 4 por dólar de derechos de exportación y le bajaron los reintegros de 8 a 4%).

Para 53%, Ingresos Brutos es el impuesto que más incide en los precios de los productos y servicios que comercializan

La cadena láctea pasó de recibir reintegros de exportación por u$s 90 por tonelada de leche en polvo a pagar derechos por u$s 200 por tonelada. "Cae la base imponible de lo que se vende en el mercado local, porque baja el precio del productor por las retenciones, ya que sólo el 17% de la leche se exporta", dijo Freijo.

Los productores de soja, producto que ahora tributa 29% sobre el valor FOB, no pueden compensar el costo con la devaluación porque más del 70% está dolarizado. En tanto, la siembra y la cosecha se realizarán con un tipo de cambio similar.

El 60,5% coincidió en que el marco fiscal postergó o canceló en sus empresas nuevas inversiones el año pasado

Además, los afecta la imposibilidad de ajustar los balances por inflación, un práctica clave en el sector ganadero: se tiene que valuar la existencia la cierre del ejercicio sin haber realizado la ganancia del negocio, porque el proceso dura más de un año fiscal. "Es un impuesto al patrimonio, en vez de a las ganancias", dijo Freijo.

En el comercio, la carga tributaria puede llegar al 18% de la facturación neta (sin IVA) y al 40% de la bruta, según la Cámara Argentina de Comercio. "Este es un factor determinante a la hora de invertir o de formalizar una actividad económica", advirtió en un informe.

El 81% de los consultados por KPMG proyectó para 2019 una mayor presión tributaria que en 2018

También mencionó la batería de normas de recaudación (retención, percepción y recaudación) sobre las cuentas bancarias, en los niveles nacional, provincial y municipal "que consumen capital de trabajo al superar las alícuotas legales, y generan altos costos de administración a los contribuyentes".

El sector industrial coincidió. Los regímenes de percepción y retención generan un problema financiero porque las provincias tardan en devolver lo que perciben anterior a que se realice la venta.

Para la industria, según un informe de la UIA, la presión tributaria de 32,1%, está por encima del promedio de 19,8%, sin contar el impuesto al cheque ni impuestos externos. Y entiende que los derechos de exportación generarán una mayor presión tributaria en un 20% del sector, que es exportador.

Un derecho de $ 3 por dólar se calcula en un impuesto de 8 por ciento. "No tiene lógica de agregado de valor, para modificar precios relativos, sino que es recaudatorio y puede desalentar a una multinacional a que Argentina pueda ser plataforma para el resto del mundo", dijo Pablo Dragún, director del Centro de Estudios de la UIA.

Dragún valoró el adelanto de la suba del mínimo no imponible para las contribuciones patronales que se iba a dar en 2022, para el sector textil, indumentaria, calzado y cuero.

En cambio, la combinación de un mínimo no imponible para las cargas sociales y la unificación de las alícuotas, que quitó los beneficios para las economías regionales, entiende, "beneficia al sector no transable de la economía" porque baja la carga al comercio.

"Es un costo fiscal alto para beneficiar a alguien que no tiene un problema de competitividad", dijo

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