Jubilaciones de privilegio: cuánto cobran los jueces y los diplomáticos

Durante el plenario de comisiones, el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, brindó cifras de los haberes medios de este régimen y los comparó con las jubilaciones mínimas del sistema general. Además, precisó cuánto es el déficit que le generan al Estado.

El director ejecutivo de la ANSeSAlejandro Vanoli, se trasladó hoy hasta el anexo de la Cámara de Diputados donde un plenario de comisiones comenzó a tratar el proyecto de ley para reformar las llamadas “jubilaciones de privilegio que perciben los empleados del Poder Judicial y el cuerpo diplomático. En ese marco, brindó detalles de a cuánto ascienden en promedio dichos haberes y cuánto es el déficit que le generan hoy al Estado.

El funcionario expuso ante el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda durante la jornada en la que el oficialismo busca emitir dictamen a favor de la iniciativa, con el objetivo de votarlo mañana en el recinto. 

¿Qué son las jubilaciones de privilegio? Se denomina comúnmente de esta manera a los haberes percibidos en regímenes especiales como los que poseen los trabajadores judiciales y los diplomáticos. Se las considera de privilegio por las elevadas sumas que perciben mensualmente.

Entre jubilados del Poder Judicial de la Nación, de Provincias Transferidas y del Servicio Exterior de la Nación se contabilizan 7722 beneficios, de acuerdo a los datos de diciembre de 2019 provistos esta tarde por Vanoli.

Las jubilaciones del Poder Judicial, entre los que se incluyen jueces y fiscales, suman 5484 con un haber medio de $ 293.107. La cifra representa 2,8 veces el tope previsto en la ley general que regula a todo el universo de jubilados por fuera de los regímenes especiales.

En tanto, el Poder Judicial de Provincias Transferidas posee 1532 beneficiarios con jubilaciones medias de $ 198.504, 1,9 veces el tope de la ley general.

Al estar exento el Poder Judicial del pago del Impuesto a las Ganancias, el Estado deja de recaudar por estas jubilaciones $ 421.000.000 a un promedio de $ 60.000 por haber, informó Vanoli.

Al estar exento el Poder Judicial del pago del impuesto a las Ganancias, el Estado deja de recaudar por estas jubilaciones $ 421.000.000 a un promedio de $ 60.000 por haber.

Por su parte, el Servicio Exterior de la Nación posee 706 jubilados con sumas medias de $ 335.934, 3,3 veces el tope de la ley general y 24 veces la jubilación mínima.

Los números aportados por el ANSeS fueron contrastados con los del régimen general de jubilaciones: la cifra máxima que puede percibir un trabajador retirado es $ 103.064 y el haber promedio se ubica en $ 20.575.

Cajas en rojo

El ex titular del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner apuntó también a los rojos que generan en las cuentas del Estado las jubilaciones de privilegio. Entre ambos regímenes, el déficit superó los $ 11 mil millones en 2019.

De acuerdo a estimaciones de los balances del último año del Poder Judicial, los trabajadores judiciales aportaron $ 8.872.854.598, mientras que el gasto en concepto de jubilaciones fue de $ 18.786.884.976. El resultado fue un déficit de $ 9.914.030.378.

En el caso del Servicio Exterior el déficit es aún mayor. Mientras que el año pasado se recaudó $ 1.087.644.602, se gastaron en jubilaciones 2.352.743.086 (- 1.265.098.484).

El régimen del Poder Judicial de la Nación y de provincias transferidas se rige por la ley 24.018. Para poder jubilarse, tanto hombres como mujeres deben contar con 60 años al momento de retirarse y al menos 30 años de aportes. Realizan un aporte adicional de 1% y se jubilan con el 82% móvil del último cargo que hayan ejercido.

Por su parte, el Servicio Exterior esta regido por la ley 22.731. La edad de retiro para ambos sexos es 65 años y es necesario acreditar 30 años de aportes. La jubilación se compone del 85% móvil que hayan cobrado en el caro de mayor jerarquía desempeñado.

Entre los cambios propuestos por el Gobierno para el régimen de los judiciales se destaca el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años. Para los diplomáticos, prevé aumentar un siete por ciento el aporte de los trabajadores activos, entre otras cuestiones.

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