EL RECLAMO POR M S INVERSIONES SEGUIR PRIMANDO

El rey de España habló con Cristina y quedaron en suspenso medidas contra YPF

Gestión del rey Juan Carlos y problemas para lanzar una intervención frenaron anuncios sobre la petrolera. Chubut volvió a amenazar con quita de concesiones

La embestida contra YPF que desplegó el Gobierno en las últimas semanas finalmente no desembocó en una intervención de la empresa que iba a ser anunciada ayer, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Así lo preveían propios y ajenos a la compañía que conduce la familia Eskenazi y tiene como principal accionista a la española Repsol. A pesar de eso, la presidenta Cristina Fernández mantiene su intención de hacer pie, con los recursos del Estado, en la mayor empresa del país. Así lo confirmaron a El Cronista fuentes de trato habitual con la Casa Rosada y empresarios de trato cotidiano con la petrolera otrora estatal.
Hubo dos factores determinantes que frenaron cualquier anuncio: por un lado, la intervención del rey Juan Carlos de España, quien mantenía una buena relación con el ex presidente Néstor Kirchner y despierta también simpatía en Cristina. La noticia corrió por cuenta del diario El país, de España.
Anoche, los ministerios de Planificación y Economía desmintieron mediante un comunicado una parte de esa información. Negaron la existencia o integración de ningún grupo técnico de trabajo conjunto con el Gobierno español sobre temas relativos a la firma Repsol-YPF y sostuvieron que de ninguna manera los temas relativos a la firma Repsol-YPF forman parte de la agenda bilateral entre España y Argentina.
Sin embargo, el texto no desmintió la comunicación entre Cristina y Juan Carlos, al tiempo que reconoció la audiencia realizada el martes en Buenos Aires por pedido expreso de los funcionarios del gobierno de España. Allí participó el ministro de Industria y Energía español, José Manuel Soria, enviado directo del primer ministro Mariano Rajoy.
Otro dato terminó de echar por tierra, al menos por ahora, una eventual intervención de la empresa. El miércoles llegaron al escritorio del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, dos informes que había encargado por separado. Ambos llegaban a una conclusión similar: la intervención de una empresa privada internacional era muy difícil de justificar en términos legales y legislativos.
No damos esto por terminado. Se abrió una instancia de diálogo entre los dos Estados, explicaron fuentes que siguen de cerca las negociaciones.
La presidenta deslizó ayer algunas de sus intenciones. Sostuvo ante los legisladores que, en los 90, las provincias con hidrocarburos llegaron a comprar casi el 4% de las acciones de YPF en la Bolsa de Nueva York e iban en camino del 5% (que les hubiese permitido sumar un director) cuando el ex ministro de Economía, Roque Fernández, decidió la desnacionalización de la empresa. Hasta ese momento, las provincias tuvimos participación, sostuvo. Y recordó que esa era la intención de Kirchner en su época de gobernador.
Y para despejar cualquier duda con respecto a la buena salud que goza la avanzada oficial contra la empresa, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, intimó a la petrolera a través de un decreto para que cumpla con sus compromisos contractuales. Le dio un plazo de 7 días para que presente su descargo en relación con los incumplimientos de sus obligaciones en los que habría incurrido y presente un plan de trabajo adecuado y fundado para subsanarlos en un plazo razonable.
Buzzi es, además, el presidente la Ofephi, que reúne a las provincias productoras de petróleo y de gas, y la punta de lanza de Cristina entre los gobernadores para reclamar mayores inversiones a YPF. En varias ocasiones en los últimos días sostuvo que si la empresa no cumple con sus pedidos, le quitaría concesiones. Ese es el principal activo de cualquier petrolera.

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