SE ANUNCIO EN UN ACTO MULTITUDINARIO CON PRESENCIA DE FUNCIONARIOS NACIONALES

Chubut y Santa Cruz quitaron yacimientos a YPF, que puede llegar hasta el Ciadi

Le rescindieron concesiones debido a supuesta falta de inversiones. La empresa perderá un 4% de su producción en el país, pero iniciará acciones legales

Los gobernadores de Chubut, Martín Buzzi, y de Santa Cruz, Daniel Peralta, anunciaron ayer la rescisión de concesiones en cinco áreas de producción de petróleo y gas que hasta ahora tenía a su cargo YPF y le otorgaron un plazo de 90 días. En el caso de la primera, la reversión de la concesión comprende a los activos El Trébol-Escalante y Cañadón Perdido. Quedarán temporalmente en manos de la provincial Petrominera, que de acuerdo con los registros oficiales no tiene producción de petróleo.
Por su parte, Santa Cruz le revocó, en una maniobra un tanto confusa, concesiones en las áreas Los Monos, Cerro Guadal Norte y Cerro Piedras. En el caso de Barranca Yankowsky, en tanto, rechazó la presentación formulada por la petrolera para su explotación.
Entre 10.000 y 15.000 personas escucharon el anuncio en la ruta 3, justo en el límite de Santa Cruz y Chubut. Una platea compuesta por trabajadores, dirigentes gremiales, políticos y algunos proveedores le pusieron el marco a las palabras de los gobernadores y el secretario de Energía, Daniel Cameron.
También fueron de la partida Roberto Baratta, coordinador del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido, uno de los mentores de la avanzada contra la empresa, por orden presidencial, y el influyente Néstor Di Pierro, intendente de Comodoro Rivadavia.
Buzzi no ahorró críticas contra YPF. El 50% de la energía de este país lo produce una empresa que ha decidido no luchar por los intereses de los argentinos. Nosotros sabemos que cada uno de los yacimientos que les estamos sacando pueden producir más, sostuvo. Y anticipó que las acciones de YPF van a seguir bajando porque están subiendo las acciones de los pueblos patagónicos. El gobernador de Chubut también avisó que a la empresa aún le quedan otras áreas donde pueden hacer lo que corresponde.
La medida, de fuerte tono político, también tiene un impacto económico profundo y de múltiples aristas. En los números específicos de la compañía que conducen la familia Eskenazi y la española Repsol, la principal petrolera del país, implicará un recorte de su producción de hidrocarburos a nivel nacional en torno al 4%, medido en barriles equivalentes de petróleo (crudo más gas). Si se toma en cuenta la extracción específica de crudo, el producto más valioso que obtiene del subsuelo, implicará un racionamiento cercano al 7% de su producción nacional.
La estela de derivaciones legales podría llegar incluso a tribunales internacionales como el Ciadi. Sucede que la Argentina firmó con España tratados de protección recíproca de inversiones, por lo que Repsol tienen la potestad de acudir a sus estrados como lo hicieron una enorme cantidad de compañías tras la crisis de 2001 para defender sus intereses.
En principio, la compañía acudirá a la Justicia local para sostener su posición. Fuentes no oficiales confirmaron a El Cronista que hay un equipo de 11 abogados en Madrid dos de ellos pertenecen a estudios locales trabajando en las presentaciones que se harán en las próximas horas.
Ayer, YPF informó que emprenderá las medidas legales oportunas para garantizar la defensa de sus derechos y para la exigencia, en su caso, de responsabilidades públicas.
Además, sostuvo que la empresa cumplió con las pautas de inversión establecidas en la Ley de Hidrocarburos para las áreas analizadas, ya que realizó desembolsos necesarios para una explotación racional y adecuada. En Chubut se evidencia un crecimiento ininterrumpido de inversiones desde el año 2009, que asciende a u$s 350 millones en 2011, lo que representa un incremento del 236% en ese periodo. No están dadas las condiciones de seguridad jurídica en la provincia que permitan a YPF y sus socios el normal desarrollo de sus actividades, completó.
La avanzada también podría traer un conflicto diplomático. Sucede que EnapSipetrol, una empresa del estado chileno, tiene el 50% de Campamento CentralCañadón Perdido.La empresa aún fue informada formalmente.
Ayer, el embajador de ese país, Adolfo Zaldívar Larraín, intentó sin éxito una gestión ante De Vido. Mal timing: hoy la Presidenta se reunirá con su par chileno, Sebastián Piñera.