MAGISTRADOS Y EMPLEADOS, EN PIE DE GUERRA CONTRA EL EJECUTIVO NACIONAL Y DE LA CIUDAD

Amenaza de judiciales por el traspaso y la feria

La escueta presentación en medio de la feria no logró calmar los ánimos enardecidos de magistrados, secretarios y empleados judiciales que se oponen a ser traspasados de la órbita nacional al Poder Judicial porteño, tal cual acordaron el presidente Macri y el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, hace apenas 15 días.

Las protestas contra la transferencia de competencias, órganos y personal de la Justicia nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad llevarán hoy a un paro masivo de los tribunales.

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, llamó a un paro sin concurrencia, que se prevé con gran adhesión, mientras que la Asociación de Magistrados convocó a jueces, secretarios y funcionarios a detener las actividades al mediodía y manifestarse en la planta baja del Palacio de Justicia, en una clara afrenta a la Corte Suprema, que se inclina por el traspaso.

Las medidas de fuerza pretenden amedrentar al Gobierno para quede marcha atrás en su doble intención de trasladar los órganos vacantes del fuero penal y del Ministerio Público Fiscal, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia (IGJ), y al mismo tiempo acortar la feria judicial, durante la cual cesa la prestación de servicios y la atención al público. Para ello, los gremios intentarán traspolar el conflicto al escenario nacional, con manifestaciones en dependencias provinciales, y la consigna de "parar la Justicia" si es necesario. Los magistrados, en tanto, evalúan una andanada de amparos para justificar su rechazo y demorar una transferencia que, de concretarse, será en cuentagotas.

Magistrados y empleados desenrollan argumentos constitucionales para negarse al traspaso y sostienen que no hay garantía de que se respeten los derechos laborales. También endilgan el Gobierno porteño la intención de hacerse con el nombramiento de los jueces a cargo de los delitos contra la administración pública. "Hay una sombra de impunidad si ellos eligen a los jueces encargados de juzgarlos por hechos de corrupción", señaló un "peso pesado" de la Justicia.

Antes de que se intente mover un escritorio, será el Congreso quien deba aprobar los convenios firmados por Macri y Rodríguez Larreta. Convenios que, según el plan del Gobierno, se harán públicos solo después de llegar a las manos de senadores y diputados.

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