La Legislatura cordobesa sancionó ayer el proyecto de ley que establece una alícuota que grava el consumo de combustibles, de manera de conformar un fondo que se usará para financiar obras viales.
La iniciativa –impulsada por el gobierno provincial– contó con el respaldo de casi la totalidad de los miembros del oficialista bloque de Unión por Córdoba (UPC), salvo los rechazos que manifestaron los legisladores Fernando Salvi y José Luis de Lucca, identificados con el gobierno nacional.
En contra también se manifestaron los radicales, el Frente Cívico y Social, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (Liliana Olivero) y Encuentro Vecinal Córdoba (Aurelio García Elorrio), mientras que se abstuvo Rubén Borello (Consenso Córdoba).
Según la ley, los consumidores de combustibles deberán abonar en concepto de tasa vial provincial $ 0,40 por litro expendido de nafta ultra, gas oil ultra y otros combustibles líquidos de características similares.
Asimismo, la tasa será de
$ 0,30 por litro de nafta súper y común; de $ 0,20, en el caso del gasoil común, y de $ 0,15, para el GNC.
La ley prevé, además, que los expendedores de combustible serán los responsables de liquidar e ingresar el importe recaudado, al tiempo que especifica que el incumplimiento del pago devengará los intereses y sanciones previstos en el Código Tributario.
Para los consumidores finales, la ley expresa que, cuando el importe de la tasa no se encuentre discriminado en la factura, se considerará que está incluido en el monto total del ticket o documento equivalente.
Por otra parte, la norma aprobada faculta al Poder Ejecutivo a modificar trimestralmente el monto de la tasa así como establecer excepciones o exclusiones, además de las reconocidas al transporte urbano e interurbano de pasajeros.
“Apelamos a este esfuerzo de los cordobeses en esta coyuntura difícil. Esta medida, al igual que otras, forma parte de las menos onerosas para los ciudadanos, dentro del concierto de posibilidades que habíamos analizado”, aseguró el legislador oficialista Carlos Gutiérrez, que cerró el debate.
El jefe de la bancada oficialista, Sergio Busso, insistió en que “la ley entrará envigencia a partir de su publicación y luego de que el Poder Ejecutivo la reglamente”, tras lo cual agregó que “la actualización no se dará automáticamente cada tres meses, sino en la medida en que el PE lo considere razonable”.
Por su parte, el jefe de la bancada del Frente Cívico y Social, Roberto Birri, calificó la tasa “de una fuente espuria de financiamiento”, que “no se coparticipará a los municipios, lo que implica que el gobierno provincial practica un falso federalismo”.
El titular de la Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba, Raúl Castellano, había anticipado que evalúan la posibilidad de recurrir a la Justicia para cuestionar la constitucionalidad de la tasa.
El personal agrupado en el Sindicato Petrolero de Córdoba (SEP) cumplió el martes con un alto grado de acatamiento según informaron desde ese gremio, un paro de 24 horas que paralizó el funcionamiento de las estaciones de servicio, en protesta por la iniciativa impulsada por el gobierno de José Manuel de la Sota.
El proyecto fue aprobado en doble lectura (la primera había sido la semana pasada), porque, según el artículo 106 de la Constitución provincial, dicho requisito es necesario cuando se trata –entre otros– de iniciativas (de ley) impositivas.