No es la primera, ni será la última vez mientras la mandataria argentina utilice la Cadena Nacional para comunicar actos de Gobierno y hostigar opositores.
Nuevamente, y a pesar del vueltero anuncio de su decisión de “someterse” a una nueva elección presidencial que sólo los periodistas, políticos y militantes estaban esperando ansiosamente, miles de espectadores prefirieron apagar la televisión o sintoniar algún canal de cable internacional.
Sumados los ratings obtenidos en las cinco señales de aire, la cadena nacional del martes, en la que de paso anunció su candidatura obtuvo un rating total de 27.1 puntos.
Esto significa que el encendido habitual en el horario en que se produjo la aparición en pantalla de la Presidenta cayó en todos los canales respecto del registro del día anterior, traduciéndose esto en una baja de 3.2 puntos de rating, o sea alrededor de 320.000 personas.
En la mayoría de los países del mundo, la interrupción coercitiva de la transmisión de programación propia a que se ven obligados los canales de TV privados y radios para emitir un mensaje gubernamental se lleva a cabo generalmente para enviar a la población un mensaje muy importante, que merezca realmente el levantamiento momentáneo de una grilla.
Sin embargo, en los últimos tiempos, en algunos países como la Argentina, la Cadena Nacional se utiliza para propaganda partidaria.
A raíz de esto, es que las cadenas obligatorias han sido fuertemente criticadas por los medios, ya que muchas veces deben emitir ataques contra ellos mismos. Ese fue el caso de la emisora RCTV de Venezuela, opositora a Hugo Chávez, que se negó a emitir un mensaje del gobernante en 2007, pese a que en dicho país existe la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que obliga a cadenas de radio y TV a difundir solo informaciones del Poder Ejecutivo. En Chile, tras el retorno a la democracia éstas tienen un carácter voluntario, a diferencia de lo que sucedía en el régimen de Augusto Pinochet.
En nuestro país, la reciente “Ley de Medios” dice que el Poder Ejecutivo y los poderes provinciales podrán sólo en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial.