El Gobierno crea una comisión para discutir con los privados el futuro de internet

En consonancia con el encuentro Net Mundial que se está desarrollando en Brasil, convocado por la presidenta Dilma Rousseff después que gracias a las filtraciones de Edward Snowden se conocieron los casos de espionaje por parte de EE.UU. que incluyeron a importantes líderes políticos, la Secretaria de Comunicaciones (SeCom) argentina, acaba de crear la Comisión Argentina de Políticas de Internet (CAPI), que tendrá a su cargo el diseño de una estrategia nacional sobre Internet y su gobernanza, con la participación de todos los actores involucrados. La medida está contemplada en la resolución 13, publicada el lunes en el Boletín Oficial, y justamente tiene como escenario los diferentes debates que se están llevando a cabo en el ámbito internacional acerca de la seguridad en Internet, teniendo en consideración los marcos legales y regulatorios en materia de protección de los datos personales, privacidad, spam, hacking y cibercrimen; la neutralidad de la red; y los recursos críticos de Internet, entre otros aspectos..
El concepto de Gobernanza de Internet fue definido como el desarrollo y aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil de las funciones que les competen respecto a principios, normas, reglas, procedimientos de adopción de decisiones y programas comunes que configuran la evolución y la utilización de Internet. Esto surge de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información celebrada en Túnez en el año 2005.
La CAPI, que queda abierta a la participación de toda institución a determinarse, estará compuesta por distintos organismos, entre los que se encuentran la Dirección Nacional de Registro de Dominios de Internet dependiente de Presidencia; la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información dependiente de Jefatura de Gabinete; la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa dependiente del Ministerio de Defensa; la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral dependiente del Ministerio de Justicia; la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales dependiente de Cancillería; y la Comisión Nacional de Comunicaciones.