El millonario litigio de Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires ha recurrido a la Corte Suprema de la Nación (Expediente N 1201/16) para recuperar dinero de la coparticipación (Fondo del Conurbano Bonaerense -FCB-).

En síntesis busca que se decrete la inconstitucionalidad de las normas que fijaron el tope de $ 650.000.000 como monto máximo a recibir por asignación del fondo de reparación del conurbano bonaerense (pretende se le reintegre el excedente de $ 650.000.000 anuales hasta el 10% de lo recaudado por impuesto a las ganancias). Además reclama que el fallo sea retroactivo a todos los años no prescriptos con más sus intereses y que mientas transcurra el pleito se dicte una medida cautelar en su favor que signifique soslayar el limite referido.

Para comprender este millonario litigio, tenemos que considerar que históricamente el FCB fue creado en el año 1992 por ley 24.073 y buscó compensar la pérdida de fondos coparticipados que sufrió la provincia por el paso del régimen de la ley 20.221 a la ley 23.548.

En su primer momento la ley 24.073 (art. 40) creo dicho fondo con el fin de establecer un ingreso extra para una zona de mucha población con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas al asignar el 10% del producido del impuesto a las ganancias.

Pero a fines del 1995 la ley 24.621 (actual art. 104 inc. b ley 20.628) estableció un tope de $ 650.000.000 anuales a la participación del 10% que la provincia tiene en el producido del impuesto a las ganancias. Asimismo, dicho inciso b del art. 4 ley 20.628 en su segunda parte la excluye de la distribución del excedente del 10% del producido del tributo entre el resto de las provincias, y el inc. d de dicho artículo establece que el 4% del producido por el impuesto a las ganancias se distribuirá entre todas las jurisdicciones provinciales excluida la de Buenos Aires.

Así en 1992 la Provincia de Buenos Aires recibió -con motivo del FCB- aproximadamente 209 millones de pesos; en 1993 esa cifra pasó a $ 427 millones; en 1994 a $ 582 millones; y en 1995 a $ 622 millones, importe este último que permite comprender por qué el tope previsto en el art. 1 de la ley 24.621 fue fijado en $ 650 millones a partir del año 1996.

Con el paso del tiempo el tope nominal se transformó en asfixiante para las cuentas de la provincia, y culminó socavando en términos reales su porcentaje de coparticipación, a la vez que comenzaron a beneficiarse con su excedente el resto de las jurisdicciones provinciales.

Así se llegó a que la Provincia en 2015 haya recibido solo el 0,17% de la recaudación del 10%, proveniente del art 104, inc. b, de la ley de Impuesto a las Ganancias 20.628, y que se produjera una evidente transferencia de recursos fiscales hacia las restantes jurisdicciones provinciales. Las provincias que mayores recursos recibieron en el año 2015, con motivo del aludido excedente fueron Santa Fe ($ 4.197 millones) y Córdoba ($ 4.170 millones), con el 11% cada una, y que medido per cápita, cada santafecino recibió $ 1.236 y cada cordobés $ 1.169, mientras que a cada bonaerense, en cambio, le correspondió solo $ 39.

De esta forma se aprecia que el tope de $ 650 millones anuales se transformó en un contrasentido, pues la creación del FCB tuvo por objeto asignar a la Provincia de Buenos Aires un ingreso extra para destinarlo al desarrollo social de una zona donde se concentra el mayor número de habitantes de nuestro país, pero que el congelamiento de ese monto, y su imposibilidad de actualizarlo (art. 10 de la ley 23.928) produjo un efecto injusto, inequitativo e irrazonable, a punto tal que -según aduce la actora-participar del excedente del art. 104, inc. b, de la ley 20.628 se ha tornado más beneficioso que ser titular del FCB, situación que se agrava si se repara que las demás provincias también participan de la distribución del 4% del producido del gravamen (inc. d), de modo que las diferencias con la Provincia de Buenos Aires se vuelven aun más significativas.

A modo referencial, en 1996 la suma de $ 650.000.000 representaba el 5.18% del total de coparticipación correspondientes a las provincias. Si aplicamos ese porcentaje a la coparticipación proyectada para las provincias en el año 2017 el monto debería representar la suma de $ 30.107.000.000.

Es inexplicable el tiempo que ha demorado la Provincia de Buenos Aires en reclamar lo que le corresponde pues la situación de inequidad se viene generando desde hace más de 20 años aproximadamente y aunque se haga lugar a la demanda en su totalidad hay periodos que se encuentran prescriptos.

Los bonaerenses estarán muy atentos a lo que vaya a decidir el máximo tribunal, que seguramente hubiera preferido una solución política y que en ese sentido se cumpla con la cláusula constitucional que ordena que antes de 1996 debía sancionarse un nuevo régimen de coparticipación.

Se espera la contestación de la demanda por parte del resto de las 22 provincias, principales acreedoras del excedente reclamado por Buenos Aires y se estima que se opondrán pues nadie quiere o puede resignar recursos.

Antes de fin de año, la Corte Suprema se debería expedir.

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