LA OPOSICIÓN CITAR A AGUAD, LAURA ALONSO Y FRANCO MACRI A DIPUTADOS

Imputaron a Macri y el Gobierno pidió que se expida la Auditoría por el Correo

El fiscal Juan Pedro Zoni pidió la imputación del Presidente y de Oscar Aguad. La oposición convocó para la semana próxima a la comisión que debe decidir si la AGN interviene

Casi una semana después, la Casa Rosada tomó finalmente ayer la iniciativa para intentar desactivar la crisis que desató el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino que el Gobierno aceptó en junio y que beneficia a la empresa controlada por la familia Macri. Lo hizo con una convocatoria a que los otros dos poderes del Estado investiguen la decisión. Momentos más tarde, el fiscal Juan Pedro Zoni decidía la imputación del presidente Mauricio Macri y de su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y la oposición anunciaba en el Congreso una ronda de citaciones que incluirá a Franco Macri, padre del Presidente.


Aguad y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, expusieron en conferencia de prensa la versión oficial sobre el acuerdo. Según Peña, la cuestión se trata de "un tema técnico judicial" que "para nada es un problema político" y que "jamás ha sido debatido de forma política por el Presidente". Aguad insistió en esa línea y aseguró que "lo único que pidió (Macri) es que tratáramos de solucionarlo con la participación de los tres poderes del Estado".


Por ello, Peña detalló que el Poder Ejecutivo pidió una audiencia urgente a la Cámara Federal, que debe fallar luego de que la fiscal general de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidiese rechazar el acuerdo por "abusivo". La Casa Rosada quiere que la Cámara "aborde la problemática de manera integral" e "incorpore los juicios que le ha hecho la empresa al Estado", detalló Peña. Se refirió a la demanda que el Grupo Socma, controlante del Correo, inició contra el Estado por más de $ 2000 millones en paralelo al acuerdo por su deuda. Para Boquín hubo "mala fe" en esa jugada.


Además, Peña señaló que el Ejecutivo analiza "convocar a un panel de expertos independientes que den una mirada sobre cuál podría ser la mejor solución" y que le pedirá a la Auditoría General de la Nación (AGN), a través del Congreso, que dé un veredicto técnico sobre el acuerdo.


El titular de la AGN, el peronista Oscar Lamberto, advirtió ayer mismo que no considera que el organismo deba expedirse pues sus investigaciones son para controlar la gestión a año vencido. Recomendó en cambio que el Ejecutivo vaya a la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Sin embargo, la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que es la encargada de definir el plan de trabajo de la AGN, ya fue convocada para el miércoles próximo. El titular del cuerpo, el peronista formoseño José Mayans, aceptó revisar la documentación que le enviará el Ejecutivo. Un dato a tener en cuenta es que el acuerdo del Estado con el Correo data de 2016. Si la comisión se centra en esa fecha, podría terminar facultando a la AGN para revisarlo.


Además, Peña y Aguad enfatizaron que el ministro "está plenamente a disposición del Congreso" para dar explicaciones, algo que inició anoche en una reunión con el interbloque oficialista y que deberá ampliar el martes próximo desde las 15 ante la Comisión de Comunicaciones. Ese cuerpo, presidido por el massista Juan Brügge, iniciará una ronda de reuniones informativas. En ese calendario coincidió buena parte del arco opositor: al Frente Renovador se sumaron el bloque Justicialista y el interbloque Progresistas (que agrupa al GEN, los socialistas y Libres del Sur). En conferencia de prensa, diputados de esas bancadas anunciaron que la primera convocatoria será para Aguad, pero también están en carpeta citaciones a Franco Macri y a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso.


La funcionaria consideró ayer que "hubiera sido saludable" que el Ministerio de Comunicaciones consultara con la OA antes de aceptar el acuerdo con el Correo, atento al potencial conflicto de intereses detrás del hecho de que la empresa es controlada por la familia Macri. Aguad se permitió disentir. "No se consultó a la OA porque no se trata de un tema que tenga que ver con la corrupción. Simplemente es un acuerdo judicial", zanjó. La oposición y la Justicia no creen que sea tan simple.

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