Retomando la senda y la marcha desde donde la dejaron nuestros abuelos

Argentina acumula un déficit de infraestructura que incluye además de obras nuevas, la finalización de iniciadas, la puesta en valor y el mantenimiento de activos existentes.

La política en inversión pública definida, así como las medidas adoptadas por el Gobierno son acertadas y cuentan con un fuerte respaldo generalizado de actores, domésticos e internacionales, a pesar de la mala praxis del gobierno anterior que ocasionó esquirlas que aún subsisten y hacen más empinada la cuesta.

La pregunta es ¿qué más hacer para acortar la brecha? Además de atender el déficit por la demanda natural progresiva hay que encarar un shock adicional, que atienda el stock de demanda acumulado en décadas.

La decisión es un desafío que genera oportunidades y riesgos, pero resulta ineludible ver que la salida hacia delante es doblando la apuesta, es decir aumentando y acelerando la ejecución del plan de inversiones.

En pocos días el PEN promulgará el decreto reglamentario de la recientemente sancionada Ley de Asociación Público Privada (PPP) y este sistema está llamado a ser el instrumento que viabilice la ejecución de entre un 15% y un 20% incremental de infraestructura, respecto de la planificación financiada por fuentes tradicionales (Tesoro, Multilateral y mercado de capitales)

Existen hoy tres factores clave:

1. El tiempo y la premura en comenzar que requerirá realizar ajustes y correcciones durante la operación del sistema PPP.
2. La sincronía fina entre políticas e instrumentos dispuestos, con los requerimientos de los comités de crédito que aprueban el otorgamiento de financiamiento.
3. La capacidad de gestión técnica y política del equipo responsable de convertir los planes en obras concretas.
4. La madurez del sector privado para organizarse, capacitarse y estar a la altura de las circunstancias.
Son cinco los pilares sobre los que edificar un nuevo sistema de inversión pública:
1. Un área de planificación estratégica, con visión federal y regional, que interactúe con sectores productivos y provincias gestionando las acciones conducentes para la toma de decisiones, al más alto nivel del PEN.
2. Un plan de inversiones económicas y sociales que priorice un primer paquete de concreción posible, incluyendo además de obras nuevas, mantenimiento y puesta en valor de existentes.
3. Un equipo técnico de gobierno responsable reforzado con capacidad de formulación y evaluación de proyectos en aspectos técnicos, financieros y legales.
4. Un plan de financiamiento, realista, acorde con pautas de crecimiento económico que atienda de manera eficiente la mitigación de riesgos estructurales con garantías y seguros de cobertura suficientes, comprometiendo de manera equilibrada distintas fuentes de financiamiento.
5. La iniciativa desde el ámbito privado que fortalezca, asista técnicamente y capacite al sector público nacional y subnacional, así como al sector privado.

Los países que en la última década lograron dar un salto cualitativo y cuantitativo con crecimiento y desarrollo genuinos son los que apostaron a fortalecer y modernizar sus instituciones.
El Gobierno enfrenta incertidumbres en el frente externo, no sólo a partir del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos sino también ante países competitivos en todo el continente con trayectorias exitosas, estrategias agresivas, más seguros en términos de riesgos con historial en seguridad jurídica, que Argentina aún debe demostrar para atraer inversores.

El Gobierno tiene la decisión política y la capacidad para dar en los próximos meses señales contundentes de madurez, con acciones concretas para recuperar la confianza con garantías y reaseguros específicos y sin duda la respuesta será el aumento y la aceleración del acceso a financiamiento para la concreción de obras que son motor de crecimiento y desarrollo con impacto en la economía.

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