La responsabilidad política, en debate a 40 años de los decretos de "aniquilamiento"

No jodan con Perón". La advertencia de los gremios peronistas empapelaba Buenos Aires a comienzos de 2007, cuando se insinuó un debate no fue más allá de una polémica sobre el momento en que comenzó a actuar en la Argentina la Triple A, si antes o después de la muerte del general, y quién fue su verdadero inspirador. Para entonces, con el periodista Alberto Amato entrevistamos para Clarín al diputado ultrakirchnersita aún es ambas cosas Carlos Kunkel y le preguntamos su opinión. Kunkel dio por cerrado el debate: "Perón ni remotamente tuvo que ver con la Triple A".


El de Kunkel era un testimonio autorizado. Junto a otros siete diputados de la Tendencia Revolucionaria, había renunciado en enero de 1974 a su banca en rechazo al proyecto de Código Penal del entonces presidente Perón para combatir a la guerrilla. A todos ellos el general había advertido días antes en Olivos: "Si no contamos con la ley, tendremos que salirnos de la ley. Y en una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato". Desde aquella sentencia de Kunkel, el kirchnerismo no volvió a hablar del asunto.


Una mesa organizada por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín debatió sobre las interpretaciones que, a 40 años de su firma, aún generan los decretos "de aniquilamiento de la subversión" del gobierno constitucional de Isabel Perón, umbral de la represión ilegal con los que la dictadura buscó justificar, a la hora del final, el terror de Estado.


Por encima de esos intentos de justificación, presentes en el llamado Documento Final de la dictadura y en la defensa de los ex comandantes en el juicio de 1985, cuál ha sido la cuota de responsabilidad del poder político en el desencadenamiento de la tragedia es una materia que sigue en deuda. Si bien el gobierno constitucional de entonces fue la primera víctima de la dictadura, la pregunta sigue siendo pertinente y repite de algún modo la que se ha formulado sobre Perón en aquella polémica fugaz sobre la Triple A.


"Perón funcionó como un poderosísimo armador discursivo del concepto de aniquilamiento del enemigo", dijo Esteban Pontoriero, investigador de la UNSAM a una consulta sobre el legado del ex presidente en la trama que llevó a los decretos. Sobre su eventual legitimación, el especialista destacó que Perón siempre consideró el desafío de la guerrilla como una "cuestión policial", en la que la reforma del código penal era un ejemplo.


El 5 de febrero de 1975, siete meses después de la muerte del general, la presidenta Isabel Martínez firmó el primero de los decretos de "aniquilamiento". Autorizaba a las Fuerzas Armadas a actuar en Tucumán para combatir a la insurgencia el ERP e inauguró el Operativo Independencia. El presidente interino Italo Luder Isabel había pedido licencia firmó otros tres decretos el 6 de octubre de ese mismo año. En respuesta al ataque de Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte, un día antes, en Formosa, el Gobierno extendió esas facultades y las Fuerzas Armadas procederían así "a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país". Todos los decretos fueron ratificados por el Congreso.


Pontoriero sostuvo que en los veinte años anteriores a la firma de los decretos se construyó un "marco legal anti insurgente", un "laboratorio del terrorismo de Estado, que sin alcanzar aún sistematicidad y masividad ya está funcionando". "El concepto de represión deriva en esos años de la idea de la prisión a la del aniquilamiento", según Pontoriero. "Está presente en ejercicios y normativas militares de la época. Para entonces, para las Fuerzas Armadas aniquilar era exterminar personas.


El historiador de la UNTREF Mario Ranaletti sostuvo que la asociación entre exterminar y aniquilar es propia de la idea de la guerra, "pero en 1975 en la Argentina no había ninguna guerra". El investigador indagó sobre el proceso que llevó a un "profesional a entender que torturar forma parte del hecho bélico". Sobre la responsabilidad política, dijo que los militares construyeron en torno a esa idea "un discurso como estrategia de defensa ante acusaciones terribles".


Santiago Garaño, investigador del CONICET, no eximió a la clase política de responsabilidad, "no sólo el peronismo", pero mencionó "un complejo proceso donde las Fuerzas Armadas fueron ganando autonomía, convirtiéndose en un autor autónomo" en la toma de decisiones sobre la represión.


Pontoriero recordó que si bien en septiembre de 1975 la cúpula de las Fuerzas Armadas decidió en una reunión secreta el "exterminio clandestino", la represión ilegal "no empezó en el mismo momento, para las mismas personas, en distintos lugares del país".


En la última década, el poder político alentó una mirada lineal sobre la tragedia de los años 70 y la Argentina se debe otras aproximaciones. El debate académico en la UNSAM fue un buen ejercicio que debería, en algún momento, llegar al espacio público.

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