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Uruguay libró de impuestos a call centers

El gobierno uruguayo emitió un decreto orientado a favorecer la instalación en Uruguay de Centros de Servicios Compartidos (CSC). Esas entidades estarán de ahora en más, amparadas por la denominada Ley de Promoción de Inversiones que, desde 1998, establece un marco jurídico general que permite declarar de interés nacional la promoción de determinados proyectos de inversión, y en consecuencia, disponer en su favor importantes exoneraciones tributarias.
Los beneficios fiscales que tendrán los CSC serán tanto en materia de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) como en materia de Impuesto al Patrimonio (IPAT). Sus rentas estarán exoneradas en un 90%, y sus activos en un 100%, indicó Evelyn Harbek, del estudio Bergstein, de Montevideo.
El beneficios puede ir de 5 a 10 años, lo cual dependerá de la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas.
Los CSC que, de ahora en más, pretendan instalarse en Uruguay y beneficiarse de las antes mencionadas exoneraciones, deberán prestar sus servicios: en beneficio exclusivo de personas o entidades localizadas fuera de Uruguay, y en relación a actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente también fuera de Uruguay.
Según datos oficiales, el régimen de promoción uruguayo permitió atraer en los últimos 6 años inversiones por u$s 10.000 millones. Solo en 2013, las inversiones beneficiadas con exoneraciones de impuestos a través de la mencionada Ley de Promoción de Inversiones, ascendieron a u$s 2931 millones de dólares. Ese monto superó en 24% la cifra del año anterior, y representó el máximo histórico de inversión promovida bajo ese régimen.

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