Potencial minero y petrolero para la Argentina del futuro

Es una verdad de Perogrullo que la situación de zozobra que hoy atraviesa la Argentina en materia económica no se condice ni con el escenario internacional y/o regional, ni con el potencial de sus recursos naturales. Esto se hace muy evidente no sólo teniendo en cuenta la dotación de recursos que existe sobre la superficie con todo el valor añadido por la pujanza de la actividad agroindustrial, sino particularmente (por lo inexplotado) cuando se vislumbra el potencial de las industrias extractivas. Y en este último caso en particular, la paradoja se da porque el entorno regulatorio que gobierna sobre la superficie no invita a desarrollar todo el potencial que hoy sabemos existe bajo nuestra tierra.
El problema que tienen las inversiones en industrias extractivas es que son candidatas a sufrir decisiones cambiantes en materia de políticas públicas. Es decir, son inversiones cautivas por varios años, cuya amortización se produce en un período de al menos una década. Quien realiza grandes desembolsos decide entonces en función de la geología, pero también de las regulaciones que le permitan apropiar parte de la renta de la explotación del recurso.
Otra característica que suelen tener estas industrias, vinculada a la calidad institucional, es la miopía que suelen tener los inversionistas en relación a las garantías tributarias. En general suele creerse que un régimen de baja imposición, que generalmente se impone bajo modelos más amigables con los mercados, es sostenible y perdurable. Como vimos en la Argentina y se ha demostrado en otros países de la región, esta es otra falsedad garantizada. Por el contrario, en escenarios en que la renta minera (incluida la explotación de gas y petróleo) crece mucho, tanto por hallazgos impensados como por la suba de precios internacionales, la sociedad no tolera la enorme desigualdad que genera la apropiación de renta extraordinaria por parte de las empresas, y lo que parecía un régimen estable rápidamente se vuelve insostenible.
Bajo una perspectiva progresiva y de largo plazo, la estabilidad y despegue de las industrias extractivas en la Argentina va a requerir, en primer lugar, que la economía recupere la estabilidad macroeconómica y la confianza. De ninguna manera puede haber leyes sectoriales que procuren mantener un régimen de privilegio, tanto en la cotización de la moneda, los permisos de importación de insumos, el giro de dividendos, el precio que se le reconozca a cierto porcentaje del recurso extraído, etc., cuando amplios sectores no mantengan iguales condiciones de apertura y competitividad. Estos regímenes especiales son pasto fresco para la discrecionalidad y la corrupción.
En segundo lugar va a ser preciso pensar en un régimen tributario que privilegie la reinversión de utilidades de las firmas, pero que sobre todo sea flexible para generar una mayor progresividad en el reparto de la renta cuando ésta logre alcanzar todo el potencial productivo de nuestro subsuelo. En este sentido pareciera existir una fuerte resistencia de parte de los empresarios en aceptar y/o proponer esquemas de flexibilidad en situaciones extraordinarias.
Finalmente, los argentinos necesitamos volver a permitirnos debatir a fondo las ideas y a expresar con sinceridad las posiciones (éste es el mayor atributo que le reconoce la Presidenta al líder del PRO), y tener la capacidad de aceptar errores cuando la razón es del adversario.
Actualmente está en danza una Ley Petrolera que intenta ser impuesta por la conducción de YPF, y que a nuestro juicio está plagada de errores y omisiones. Por tanto, necesitamos ir a fondo en el debate para que a la riqueza del sub suelo la transformemos en desarrollo económico a partir de un marco regulatorio prodigioso, basado en las 3 premisas aquí expuestas.
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