Fondos buitre: la delegación argentina no llegó a tiempo y se pospuso la reunión con Pollack

La reunión entre los funcionarios argentinos y los representantes de los fondos buitre con el abogado Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa, no se hizo hoy porque, explicó el “special master”, los argentinos avisaron que no llegaban a tiempo.

Los representantes del Gobierno en ese encuentro serán los secretarios de Finanzas, Pablo López, y de Legales, Federico Thea, ambos del Ministerio de Economía, que partieron anoche desde Buenos Aires.

Pollack indicó hoy a través de un correo electrónico que "no se podía cumplir" con la reunión pautada para las 10 de la mañana y se comprometió a contactar a las partes "hoy" para cumplir con la decisión de Griesa, que ordenó las reuniones con el mediador.

"Los argentinos dijeron que no llegarían (a Nueva York) a tiempo", planteó el special master, según reportó la prensa internacional.

El encuentro con Pollack fue convocado para esta mañana durante la audiencia judicial de ayer en la que Griesa rechazó reponer el stay porque, argumentó, no era necesario para encontrar una solución al conflicto antes del 30 de julio, día en el que la Argentina entraría efectivamente en cesación de pagos de los bonos Discount (ya está en mora desde el 30 de junio).

Según trascendió, Pollack quiere que la Argentina estuviera representada por funcionarios de alto rango y como López y Thea no llegaban, pospuso el encuentro. La reunión se llevará a cabo mañana, que es lo que había adelantado más temprano el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

En la audiencia de ayer, Griesa intimó a las partes a que se reúnan en forma constante para hallar un acuerdo que evite el default argentino y rechazó tomar una decisión para liberar los pagos para el pago de los bonos en euros y yenes.

El 30 de julio se vencen los 30 días de “gracia” tras los vencimientos el 30 de junio.

El dinero para pagar esos vencimientos fue depositado por el Gobierno, pero el juez bloqueó el pago de los bonos de jurisdicción extranjera para forzar un acuerdo con los holdouts, que ya tienen fallos firmes a su favor de la Justicia norteamericana para que la Argentina les pague unos u$s 1.500 millones.

El Gobierno sostiene que no puede negociar ningún acuerdo porque cualquier negociación dispararía la cláusula RUFO, lo que tendría graves consecuencias económicas para el país pero, también, consecuencias legales, civiles y penales, para la presidenta Cristina Kirchner y los funcionarios involucrados.

En medio de ese intríngulis jurídico-económico, el discurso del Gobierno sostiene también que en realidad no hay default porque depositó el dinero y si los bonistas no cobran es por la interveción de Griesa y las demandas de los holdouts. Pero, en los hechos, si los bonistas no cobran para el 30 de julio, la Argentina entrará en una cesación de pagos que casi con seguridad será declarada un “evento de deuda” o default.