La brújula perdida

Se perdió la brújula. Si no se la encuentra la desorientación, una enfermedad compleja, estará aguardando.

Tras el almuerzo-entrevista con el Papa en esta semana, la Presidente dijo que hablaron de temas económicos, no de inseguridad. Los enviados especiales y los corresponsales informaron, sin embargo, que el Pontífice planteó jerarquizando el tema la exclusión social como un pilar que sostiene el edificio de las problemáticas a resolver. Si es así, el Papa ensambló las dos tensiones en una sola: los dilemas económicos van de la mano de la inseguridad, son indivisibles. En plena coincidencia con su prédica en distintos ámbitos.

Decir que el 25% de los hogares argentinos carga con la pobreza o con serias dificultades no es una novedad porque es una advertencia que viene reiterando desde hace tiempo el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, frente a la negación o el desprecio de los círculos oficiales que seguramente creían en las estadísticas del Indec trucho.

Se habla, entonces, en la Argentina, de un hogar pobre cada cuatro hogares en el país. Quizás el resto de la población no entienda cuan profunda es esa pobreza y los pesares que entraña vivir sin desagües o sin provisión de agua, ajenos a los servicios públicos mínimos, sin trabajo fijo, con los responsables del hogar viviendo de changas, de favores o de la labor en negro, desprotegidos por el sistema.

Son los no-ciudadanos, los que casi no existen. No están viviendo sólo en la ciudad de Buenos Aires y en el cinturón suburbano. En el interior provinciano el cuadro empeora. Los subsidios otorgados por el Gobierno no han revertido esta situación. En algunos casos fueron canalizados con ímpetu electoralista, con favores para determinados líderes regionales y distintos punteros políticos. O fueron dados al boleo.

De ninguna manera la pobreza es sinónimo de delito. Pero por el entramado de la pobreza se filtran los desesperados y los que tratan de ingresar en la periferia de la economía (que es millonaria) a través del uso o de la comercialización de la droga.

Eso lo saben muy bien los narcotraficantes. Han trasladado al país las experiencias dramáticas de Colombia, de Brasil y de México. Total es fácil: a lo largo de nuestra fronteras entra y sale el que quiere. Nadie vigila a los jefes de ese delito. Es lo que los expertos denominan proceso de favelización. Usan los patrones del negocio a los marginales como sicarios o los convierten en dueños de determinados territorios para crear líneas de venta segura. Así se han encontrado casos en los cuales abuelo-abuela-papá-mamá y chicos viven de la droga. Son observaciones diarias en Rosario, en Córdoba, en Mendoza. En otros menesteres esas familias ganarían bastante menos. Los ingresos están basados en la droga. Con la complicidad de las policías y el sistema judicial. Delito y droga conforman una sola fórmula explosiva.

Ya no hay espacio para una marcha atrás con rápidos reflejos.Si hay voluntad de cambio se necesitarán décadas para volver, al respecto, a un equilibrio razonable.

Hay hechos que preocupan. Por ejemplo una reciente encuesta privada ha demostrado que el 56% de los entrevistados que critican el uso y el tráfico de la droga saben dónde y quienes la venden en sus barrios. Pero no los denuncian seguramente por temor a las represalias.

Es la particularidad del narcotráfico: el miedo extendido y sin límites. Eso motoriza la incapacidad de resistencia de la sociedad y la evidencia que el Estado no está presente. Es el caso de México donde hay dos gobiernos, dos Estados. El legal, en la zona de influencia del Distrito Federal, donde hay instituciones, y otro ilegal, que es dueño y señor del norte del país, por donde se moviliza el transporte de drogas. En el ilegal dominan los barones del negocio en luchas constantes y sangrientas por dominar las zonas de influencia.

Como se sabe, un punto más de inflación arrastra a miles a la pobreza. Lo peor es que no se ve una estrategia oficial decidida a terminar con el alza de precios, en un año que amenaza con ser recesivo, con nuevos empleos congelados y con suspensiones de personal en las plantas fabriles. Sumando al Gobierno que pide a los gremios fijen un techo a sus reclamos salariales, que se contengan, Esto va a traer mayores conflictividades.

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