El fulbito para la tribuna le costará u$s 800 millones más a los argentinos

En los últimos 30 días la Presidenta repitió cinco veces que no le pagará un solo dólar a los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, y ahora reclaman en la Justicia de Estados Unidos. El ministro de Economía y otros referentes del gobierno nacional hicieron lo propio.

El lunes a última hora el Gobierno admitió por escrito ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York que podría contemplar ofrecer a esos acreedores el mismo trato que dio al resto (los que aceptaron la oferta), pero si se frena el fallo. En otros palabras: reconoce la posibilidad de reabrir el canje y pagar. Sin embargo, la propuesta parece haber llegado tarde. El juez Thomas Griesa ya está harto de la Argentina. Y la Cámara ya se expidió. Difícil que revea su postura drásticamente.

El dilema del Gobierno es el de siempre: la incongruencia entre el relato que alude a una batalla épica permanente contra supuestos intereses anti-argentinos y la necesidad de una estrategia legal inteligente, pragmática, que beneficie al país ¿El resultado? El kirchnerismo vuelve a quedar atrapado en sus propios argumentos. Hacer fulbito para la tribuna cuando el equipo va ganando, puede pasar. Pero no hay margen cuando se está abajo en el marcador.

Si el Gobierno hubiera deslizado la posibilidad de una oferta a los holdouts tres semanas atrás la historia podría haber sido otra. Hasta hubiera amenazado con desarticular la teoría del pari passu (igualdad en el tratamiento a los acreedores) sobre la que se cimentó el fallo de Griesa (que por cierto es excesivo y sienta un mal precedente para otras reestructuraciones). Además, en caso de prosperar una estrategia así por parte del Gobierno, se habrían ahorrado casi u$s 800 millones, dado que podría haber pagado a los holdouts con una quita similar a la de los canjes de 2005 y 2010 (u$s 800 millones es el 65% quita de los u$s 1.330 millones que reclaman los fondos buitres y otros en los tribunales).

Es hora de dejar el fulbito tribunero de lado y concentrarse en lo mejor para el país. Esos u$s 800 millones extra, si la demanda de los acreedores avanza, lo pagarán más temprano que tarde todos los argentinos bajo la forma de mayores impuestos o nueva deuda (que no es otra cosa que impuestos diferidos en el tiempo).

El accionar de los denostados fondos buitre puede ser criticado desde un punto de vista ético o moral. Pero comprar un activo barato y luego reclamar su pago al 100% no es ilegal. Así funcionan los mercados. Esto no implica ensayar ninguna defensa sobre los buitres, si no entender como opera la economía capitalista de la cual la Argentina eligió ser parte.

Cuando un gobierno emite un papel escrito, comprometiéndose a pagar por él, debe hacerlo. O no emitir ¿Qué diría Cristina si el caso fuese inverso? ¿Si los jubilados y trabajadores argentinos hubieran comprado bonos de un país del exterior que luego sólo ofrece pagar el 35% de lo prestado? Basta con imaginar un poco.

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