Como los conflictos en materia de transportes todavía no han sido resueltos, sino que simplemente existe una tregua, conviene hacer algunas aclaraciones para dar nuestro aporte a la resolución del problema en forma efectiva.

El conflicto citado se da en un contexto de parate económico importante, producto de la drástica caída de la tasa de crecimiento y el aún más grave descenso de la inversión, que nos está llevando no solo a la destrucción del empleo formal sino que, peor aún, reduce el potencial de crecimiento.

A este contexto económico, hay que sumarle la falta de definición de reglas de juego claras que ayudarían a construir un marco de confiabilidad para todos. Esto es atribuible principalmente al gobierno nacional, aún cuando en ciertos conflictos cooperan también, otros niveles de gobierno.

Existen pocos sectores mas necesitados de inversión, que el área de transporte, posiblemente sea la energía el único caso donde el faltante sea mas agudo. La inversión solo se puede llevar a cabo si hay reglas claras , incluyendo las normas de interacción entre el gobierno nacional y las jurisdicciones subnacionales.

Así por ejemplo, desde el poder central, quieren arrojarle los subtes al Jefe de Gobierno sin cumplir las formalidades que exige la Constitución, algo inadmisible para cualquier sociedad que dice vivir en un estado de derecho.

Si quiere realizarse acorde a nuestra legislación, el acta acuerdo firmado por ambas partes debería ser aprobado tanto por el Congreso Nacional como por la Legislatura local, y además el traspaso tiene que hacerse con los recursos correspondientes.

Por el lado del gobierno local, se firmo un acuerdo absolutamente disparatado que denota falta de prudencia y seriedad para tratar un tema tan delicado como este. La muestra más grande de desconocimiento del derecho es la decisión autónoma de la suba de la tarifa del servicio, cuestión que deja a la luz la decisión de hacerse cargo y la contradicción entre lo que se dice y se hace.

El subterráneo es un servicio público básico y de difícil sustitución, para cualquier persona, esto torna más inexplicable todavía el hecho de que este conflicto haya tenido en vilo, durante 10 días, a casi un millón de usuarios diarios.

Es importante aprender del problema que vivimos, la salida exige aceptar que la política centrada en subsidios no puede seguir sosteniéndose, el gobierno nacional cree que el mayor “gasto” por definición es bueno sin tener en cuenta la importancia de la eficiencia en el mismo. Esta falta de estrategia y racionalidad en el gasto, ha llevado al colapso al servicio de transporte en general.

Por otro lado, hay que establecer un régimen de derecho de huelga en servicios públicos que no subordine al resto de la población a una condición de rehén, sometida al arbitrio de un grupo de sindicalistas.
Durante todo el año pasado desde el oficialismo nacional levantaron la premisa irresponsable “nunca menos”, frase por lo menos injustificada, ya que la realidad y la coyuntura muchas veces nos determinan y no todo depende de nuestra voluntad. Claramente, la foto de campaña que nos ofreció la presidente en las elecciones de octubre no es la película que estamos viendo ahora; el corazón del problema que existe en nuestra sociedad es producto de promesas imposibles de cumplir.

En todos los lugares del mundo se subsidia el transporte y hay razones para ello, pero siempre que estos vayan dirigidos al gasto de capital, es decir, destinados a aumentar la infraestructura o modernizar el servicio. En este caso el desborde de subsidios al gasto operativo, vino del descontrol de costos, causado por una situación sindical muy compleja, cuyas consecuencias han sido evadidas por el gobierno nacional, atribuyendo y otorgando sistemáticas concesiones; incrementando, de esta forma, los gastos de manera extraordinaria.

En el caso particular del subterráneo, no se dio ningún tipo de límite al subsidio del gasto primario. Es vital reconocer este problema para mejorar las políticas de transporte de cara al futuro. La desidia en el cuidado de la seguridad de los usuarios no son nada nuevo, la evidencia más grande de esto se dio en la recordada tragedia de once.

El modo habitual en el que gobierno nacional, soluciona y afronta los problemas es negando que existen, actuando de la misma forma en la que un médico rompiera el termómetro para terminar con la fiebre de un paciente.

Esto lo vemos con la inflación y los números truchos del Indec, la crisis energética y el “no hay apagón”, el dólar y las restricciones en el mercado cambiario y la política de transporte con el accidente de Once.

En la política, sobre todo para construir una alternativa, es vital ejemplificar lo que tanto reclama la sociedad: “hacerse cargo” y aceptar que las políticas de un modelo populista, lejos de llevarnos a un desarrollo a largo plazo, nos esta haciendo desaprovechar una de la situaciones internacionales más afortunadas para nuestro país.

En conclusión, bajo nuestra perspectiva resulta indispensable que se abra una negociación inteligente entre el gobierno de la Ciudad y el de la Nación, en cuyo lugar deban discutirse y tratarse los temas con la madurez que el dialogo requiere, para que prime el bienestar de los millones de usuarios diarios de la red de subterráneos.

Es en este marco donde debe dejarse explícito quien queda a cargo del servicio, quien financiara los subsidios, y establecer un plan de obra de recuperación y expansión, de las instalaciones e infraestructura del sistema.