La presidente Cristina Fernández de Kirchner hizo un gesto importante y elogioso: apoyó el derecho de asilo de Julian Assange frente a las amenazas de Estados Unidos y Gran Bretaña, que pretenden capturar y juzgar al ideólogo de la Revolución Wikileaks. Hasta la llegada de Assange a los medios de comunicación, era casi imposible acceder a documentación secreta de los Estados para informar en tiempo real. Los periodistas fracasaban, frente al triunfo rotundo de los historiadores: había que esperar 20, 30 ó 50 años para acceder a un expediente que permitiera revelar la verdad histórica sobre un hecho clave del país. Por Wikileaks, conocimos los vuelos secretos de la CIA para trasladar presuntos fundamentalistas a Guantánamo y las negociaciones reservadas que el Departamento de Estado trataba de mantener con el régimen fundamentalista de Irán. Dos noticias que hubieran sido excelentes libros de investigación histórica a publicarse entre 2030 y 2035 DC.
La Revolución de Assange implica que las sociedades modernas deben conocer la actuación de sus gobiernos sin obstáculos y trabas interpuestas por la burocracia pública que se parapeta detrás del secreto estatal para actuar con impunidad esquivando a los medios de comunicación y evitando a los juicios críticos de la opinión pública. Wikileaks apuesta por la transparencia en el acceso a la información, por el derecho a conocer qué hacen los gobiernos con la soberanía popular que todos delegamos cuando se vota cada dos años.
Assange reveló secretos que los Estados ocultaban y permitió entender comportamientos que solo se justificaban como un ejercicio de poder. Ese es su delito público, y por eso la Casa Blanca aplica su influencia para llevarlo al cadalso. Si el líder de Wikileaks es ejecutado, la Revolución frenará su onda expansiva. Será un antecedente que pesará sobre la voluntad de los funcionarios que hasta ahora prefieren filtrar la información a dormir sobre un secreto de Estado que protege un mundo de corrupción, traiciones y oscuridad.
La presidente Fernández de Kirchner entendió la lógica de este combate desigual y aportó su cuota de poder para evitar que la caída de Assange arrastre hacia la destrucción un mecanismo de acceso a la información que no tiene antecedentes en la historia contemporánea. Los documentos aportados por Wikileaks suponen una réplica al infinito de casos similares a Watergate y los Papeles del Pentágono, con una diferencia básica y fundamental: la clase política americana decidió que los presidentes no deben abandonar la Casa Blanca ni reformar su estrategia bélica, aunque sus pecados en el Salón Oval se impriman en la portada de los diarios.
Pese al complejo antecedente de los Estados Unidos, que ofreció un funeral con gloria y honor a Richard Nixon, es clave para las sociedades modernas acceder a la información y entender qué lógica política aplica un jefe de Estado para conducir un gobierno. Por eso, es muy importante la decisión de Fernández de Kirchner, porque demuestra que entiende el valor de la información y su peso en la opinión pública.
Si la Presidenta enfrentó a la Casa Blanca y a Downing Street 10 para defender el acceso libre a la información, ahora sería muy importante que aplique esa lógica de Estado en la Argentina. Sino, caería en la Paradoja Assange: defender la libertad de prensa afuera del país, y menospreciar su ejercicio fronteras adentro.
Fernández de Kirchner, para evitar la Paradoja Assange, debería enviar al ministro Juan Manuel Abal Medina (h) a exponer sobre la intervención de la ex Ciccone como exige el artículo 99 de la Constitución Nacional y convocar a una conferencia de prensa para explicar su peculiar proyecto de expropiación de la empresa que imprimirá los billetes, frente a la denuncia judicial que involucra al vicepresidente Amado Boudou en un presunto caso de Enriquecimiento Ilícito y Tráfico de Influencia.
Julian Assange con su prédica es el mejor antídoto para evitar su propia Paradoja: acceso a la información, conferencias de prensa, transparencia en los actos de gobierno. Es fácil, se trata de ejecutar en la Argentina, una excelente política de Estado que se declara en la comunidad internacional.