Hay una lógica en la relación del Gobierno actual con la prensa. Y Cristina lo dejó en claro una vez más en su discurso de ayer en el que pidió un tribunal de ética pública para los periodistas. Es una lógica de premios y castigos según las noticias que den a conocer. Si las noticias son favorables o neutras para el oficialismo, el medio de prensa o el periodista será aceptado. Si las noticias son críticas el medio de prensa o el periodista será mentiroso, corrupto, mal intencionado o funcional a intereses oscuros, esta última la caracterización más amable para el profesional que no tararee la melodía K.

Esta lógica de amigo o enemigo no es exclusiva para el periodismo. Los Kirchner la aplican también a los empresarios; los economistas; los gremialistas y al peronismo. En estos casos, salvo pocas excepciones, la mayoría de los estigmatizados prefiere callar para que su empresa, su consultora, su obra social o su futuro político no sufra las consecuencias del castigo oficial. La prensa amiga del poder será subvencionada con dinero del Estado y de los empresarios obedientes mientras que a la prensa crítica se le examinará cada aporte de publicidad privada. Una dinámica cuyo objetivo es asfixiar financieramente a quienes no se alinean con el Gobierno.

“No necesito que ningún medio de comunicación me acompañe; necesito que informen con veracidad”, dijo ayer Cristina al reclamar una ley de ética pública para una profesión que es del ámbito privado. Pero la veracidad que pide la Presidenta es, en realidad, el acompañamiento de sus iniciativas. Y el periodismo, ya se sabe, debe radiografiar al poder, no acompañarlo. Cuando el kirchnerismo se queja por el trato de la prensa debería observar las críticas de la cadena Fox a Barack Obama o las del diario socialista El País al primer ministro conservador de España, Mariano Rajoy. Y ninguno de ellos descalifica al periodismo como lo descalifica Cristina.

Siendo una actividad privada, el periodismo tiene sus propias regulaciones; sus manuales de estilo; sus defensores del lector y el veredicto del éxito en el mercado. Si un medio le miente reiteradamente a sus consumidores estos dejarán de leerlo, verlo o escucharlo. Es por eso que la prensa oficialista jamás ha tenido éxito en ningún lugar, tal como sucede en la Argentina. La Ley de Medios sancionada hace un año debería ser otro parámetro de regulación. Pero el Gobierno intenta aplicarla con rigor sólo a los medios que no le agradan.

Sin la prensa crítica, los argentinos jamás se habrían enterado de la gestión de Amado Boudou a favor de la ex Ciccone para que le concedan un plan ventajoso y liquide sus deudas impositivas. Tampoco se hubieran enterado de los casos de espionaje que complican a Mauricio Macri, ni de las coimas en el Senado que pusieron en jaque a Fernando de la Rúa ni de la venta ilegal de armas que terminó con Carlos Menem en prisión. La salud de las democracias requiere que los gobiernos respeten hasta la mala prensa. Las sociedades que condicionan la libertad de expresión terminan sometiendo a sus ciudadanos a la peor enfermedad: la del pensamiento único.