El desendeudamiento ha sido, sin duda alguna, uno de los grandes cambios estructurales de los últimos años. Un logro del gobierno que es reconocido, con algunos matices, por casi toda la oposición. Fue un cambio drástico: la deuda pública pasó del 166 por ciento del Producto Bruto en 2002 al 42 por ciento ahora, y si se considera sólo la deuda pública con el sector privado en moneda extranjera equivale a menos del 10 por ciento del PBI y es inferior a las reservas del Banco Central.
Desde la cancelación del Boden 2012 la semana pasada, la página web del ministerio de Economía luce un cartel que dice “Terminamos de pagar el corralito. Sin deuda somos más libres”. ¿Pero ese mayor grado de libertad no debería servir para, precisamente, aprovechar un contexto internacional de enorme liquidez y bajísimas tasas de interés, y tomar deuda para financiar el desarrollo?
El endeudamiento público en la Argentina de los años ‘90 fue nefasto porque alcanzó niveles desproporcionados y porque se lo utilizó para cubrir déficits corrientes. Pero en tanto el crédito se tome en cantidades razonables, en condiciones convenientes, y para ampliar el capital reproductivo y mejorar la competitividad de mediano y largo plazo, resulta una herramienta imprescindible para el desarrollo.
Esto último suena elemental y básico; como una obviedad. Pero vale recordarlo porque a veces pareciera que el desendeudamiento fuera un fin en sí mismo. Que de ser una política acertada para corregir la herencia se transforme en un dogma que impida utilizar un instrumento clave.
A menos que un Estado cuente con una notable capacidad de ahorro o superávit fiscal, que no es el caso en la Argentina desde hace varios años, no es económicamente lógico ni justo en términos intergeneracionales que obras de infraestructura que van a rendir sus frutos en mucho tiempo sean financiadas con recursos corrientes.
El kirchnerismo ha recurrido mucho a la figura del fideicomiso. Por ejemplo, en el caso de varias obras energéticas, se armaba un fondo que tomaba prestado del sector privado y de la Anses con la garantía del flujo de fondos que prometía la obra. También hubo algo parecido para la compra de aviones contra la garantía de la venta de pasajes con tarjeta. Y da la impresión que el anuncio que hizo Julio De Vido la semana pasada para la ampliación de la Av. General Paz tendría ese formato. (Donde la pifió el ministro fue en caracterizar a ese esquema como contracíclico: no lo es, en tanto la obra se financia con aumento de peajes)
Claro que para acceder a crédito internacional de gran volumen no sólo se requiere dejar de lado dogmas y querer hacerlo, sino también poder hacerlo.
Habiendo cancelado en tiempo y forma el Boden 2012 y con el riesgo país en tendencia decreciente y apuntando a perforar los 1.000 puntos, se puede suponer que el gobierno podría colocar un bono soberano a una tasa de un dígito. En marzo de este año el riesgo país estaba debajo de 800 puntos y hace un año en torno a los 500. Por supuesto que muy lejos de los niveles de 2007, cuando a principios de ese año tocó un mínimo de 185, que es un número del orden que hoy tienen Brasil, México y Uruguay. ¿No valdría la pena, al menos, testear el mercado? El último que lo intentó tibiamente fue Amado Boudou, pero hay algunos economistas del oficialismo que hoy creen posible tomar 10.000 millones de dólares en el mercado internacional a menos del 10 por ciento. Alcanzaría para aumentar la inversión pública en 2,5 puntos porcentuales del PBI.
Pero para eso tendrían que superar otras restricciones. Una es el congelamiento de la relación con el FMI, por la negativa de la Argentina a aceptar la revisión contemplada en el art. IV del estatuto del organismo, para así evitar el ruido político de un eventual informe crítico a ciertos aspectos de la política económica y, puntualmente, a la manipulación del índice de precios. ¿Vale la pena mantener el actual status quo con una institución que puede criticar pero no condicionar, por la sencilla razón de que no se le debe nada?
La deuda con el Club de París es otro de los obstáculos que en su momento enfrentó Boudou cuando propiciaba un giro market friendly. El asunto está en permanente negociación, y un acuerdo no sólo despejaría el flanco financiero sino que además destrabaría crédito comercial para el sector privado.
Una tercera restricción es que la Argentina está catalogada como “mercado de frontera” por Morgan Stanley Capital International (MSCI), una firma en la que participa el banco de inversión Morgan Stanley y que provee herramientas para la toma de decisiones de inversión. Que la Argentina figure en la categoría de “mercado de frontera” (la peor de las tres, debajo de “mercados desarrollados” y de “mercados emergentes”) junto a países como Bangladesh, Jordania, Líbano, Kenia y Kazajistán, inhabilita a muchos fondos y bancos de inversión a tomar deuda del país. Hace un par de años el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, estimó que si la Argentina recuperara el status de “mercado emergente” podría aspirar a recibir 10.000 millones de dólares. MSCI rebajó al país como fronterizo en 2009 cuando se impusieron condiciones al ingreso de divisas para la compra de acciones, aunque en esa consideración negativa ahora pesan más las barreras a la salida de divisas. Es razonable que no recomienden prestar a un país que no deja salir lo que entra.
Pero antes de evaluar si conviene o no superar las restricciones técnicas al endeudamiento externo, lo que hay que definir políticamente es si el desendeudamiento es un dogma inalterable o una etapa superada con gran éxito.