El final de la feria judicial vino con las novedades esperadas desde el despacho del fiscal federal Jorge Di Lello. Tal como anticipó El Cronista la semana pasada, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue imputado por presuntas irregularidades en el plan de facilidades de pago otorgado a la ex imprenta Ciccone para saldar una deuda de $ 62,7 millones que tenía con el organismo. La causa principal involucra al vicepresidente Amado Boudou, que está acusado de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública por facilitar la licitación de la impresión de 700 millones de billetes de $ 100 a Compañía de Valores Sudamérica, sucesora de la ex Ciccone.

A cargo de la investigación luego del desplazamiento de Carlos Rívolo y de que se dispusiera la conexidad de la causa, Di Lello agregó al expediente la denuncia que el juez Sergio Torres le trasladó a su colega Ariel Lijo y que fue presentada hace poco más de un mes por el periodista Christian Sanz, a través del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. En la misma se solicitó la imputación de Echegaray por avalar el refinanciamiento de la deuda de la imprenta. Di Lello trabajó en ese escrito durante el receso de invierno y ayer se expidió, en una determinación que desde AFIP calificaron como “disparatada” (ver aparte).

Entre la serie de medidas que el fiscal le pidió a Lijo figuran la solicitud de los expedientes administrativos por los que se tramitó el plan por la deuda de la ex Ciccone, en la que Boudou intervino cuando era ministro de Economía y a favor de la cual habría avalado un programa de cuotas excepcional con la venia del titular de la AFIP. El fiscal también quiere conocer el listado completo de las moratorias que el organismo otorgó en los últimos años.

La causa contra Echegaray forma parte del expediente principal, en el que se investiga a Boudou por su relación con la ex Ciccone, y que también integra la acusación por enriquecimiento ilícito que recae sobre el vicepresidente, su novia Agustina Kämpfer, su socio José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, titular de CVS, y presunto testaferro de Boudou, según las declaraciones de su ex esposa Laura Muñoz.
La investigación que involucra a Echegaray se inició el mes pasado, luego de un informe del diario La Nación, en el que se relata que en noviembre de 2010 el jefe de la AFIP autorizó un pedido de Vandenbroele para pagar sólo $ 62,7 millones de los 247 que Ciccone adeudaba y por un plan de pagos de 20 cuotas anuales. También se denunció que desde que el caso tomó publicidad el expediente por Ciccone que tramita en la AFIP sufrió modificaciones en su correlato entre el sistema informático y la copia papel.

En otro orden, esta semana comenzó el desfile de testigos buscando determinar quiénes son los dueños de la empresa. Entre los indagados por el fiscal estuvo Carlos Schneider, un jubilado de 75 años que figura como apoderado de Tierras Internacional Investment, una de las empresas que controla The Old Fund, el fondo que administra Vandenbroele. Schneider declaró que le pagaron $ 200 para firmar papeles.