La primera impronta que Cristina quiso darle a su segundo mandato fue la de la sintonía fina, y la primera aplicación concreta de ese nuevo estilo de gestión fue el programa de quita de subsidios a la electricidad, el gas y el agua. Se lo anunció como un plan a implementar paulatina y cuidadosamente, a diferencia de la torpeza técnica y política con que se había intentado recortar los subsidios cuatro años antes.
Era una medida que venía siendo reclamada por los principales partidos de la oposición y que contaba con consenso entre los especialistas. Se trataba nada menos que de achicar gastos que para este año podrían rondar los 40.000 millones de pesos, con el agravante de que parte considerable de los subsidios beneficiaba a sectores privilegiados, y que las tarifas baratas incentivaban el consumo excesivo de la energía que ya escaseaba.
Comenzaron a tono con la declamada sintonía fina. Eliminaron por completo los subsidios a algunos barrios de muy alto poder adquisitivo, a un puñado de actividades (bancos, casinos, telefonía celular, bingos, etc.), abrieron un registro para la renuncia voluntaria (cuya bajísima adhesión revela el nivel de solidaridad y conciencia ciudadana de las clases altas de la sociedad), y adelantaron que la quita se iba a ampliar en base a lo que resultara de las Declaraciones Juradas sobre la Necesidad de Subsidio que se repartirían a todos los usuarios.
Pero a ocho meses del lanzamiento el programa esta paralizado, y no hay indicios de que se esté pensando en reactivarlo. Al revés, la nueva fricción entre el gobierno nacional y el bonaerense alrededor de las tarifas de electricidad es una señal de que el kirchnerismo retomó la idea de ‘tarifas baratas para todos’. Apenas Scioli le autorizó a las distribuidoras provinciales aumentos de entre un 10 y un 20 por ciento, le salió al cruce Julio De Vido criticándolo por no apoyar “las políticas de inclusión y competitividad que en materia energética lleva adelante el gobierno nacional”.
Además de interrumpir la aplicación de sintonía fina con los subsidios a la electricidad, gas y agua, el gobierno parece haber archivado la idea de hacer lo mismo con el transporte, que está insumiendo subsidios por más de 15.000 millones de pesos. En el anuncio del aumento de trenes y colectivos para los que no tengan la tarjeta SUBE que realizó Florencio Randazzo días atrás, se omitió cualquier referencia al aprovechamiento del nuevo sistema para discriminar tarifas según la condición del titular, tal como prometía con entusiasmo el ex secretario Juan Pablo Schiavi. A lo sumo, el ministro del Interior y Transporte dijo que quedaba congelado el actual nivel de subsidios para colectivos, y que tanto la ciudad de Buenos Aires como la Provincia deberán decidir en su momento si los mayores costos los cubren con aumento de boleto o con subsidios de sus respectivos presupuestos.
¿Dónde quedó la idea de gestionar con sintonía fina a través de la tarjeta SUBE para que el gerente de banco que vive en San Isidro y se traslada en el Mitre pague más que el obrero de Paso del Rey que hace seis viajes por día?
Por fuera del enorme problema que en términos fiscales y de iniquidad provocan los subsidios, el gobierno tampoco hizo gala de sintonía fina con la batería de medidas que vino tomando para enfrentar las dificultades en el flanco externo y cuidar las reservas. La restricción a la compra de dólares es una historia plagada de improvisación, idas y vueltas, escasa y confusa comunicación, y que está teniendo resultados de dudosa efectividad: es cierto que por un lado se cortó el drenaje, pero también que la brecha entre el oficial y el negro es del 40 por ciento, que los depósitos en dólares cayeron más de 6.000 millones, que eso afectó el crédito a los exportadores, y que el sector inmobiliario está sufriendo una brusco golpe.
La sintonía fina tampoco caracteriza la manera en que el dúo Guillermo Moreno-Beatriz Paglieri restringe las importaciones. Hubo innumerable cantidad de casos (ahora menos) de empresas que tuvieron inconvenientes para producir por falta de insumos. Y están los absurdos intercambios compensados de empresas que, a cambio de una comisión, exportan lo que la otra hubiera exportado de todas maneras, para poder importar lo suyo. Algunos ejemplos, en base a datos oficiales: Nissan se comprometió a exportar aceite de soja y biodiesel (es la estrellita); Subaru, maíz; Mitsubishi, alimento balanceado, maní y agua mineral; Porsche, vinos y aceitunas.
Siguiendo con la industria automotriz, tampoco se percibe sintonía fina para promover políticas de sustitución serias que permitan elevar el nivel de integración local y aliviar el déficit comercial que genera el complejo automotriz por alrededor de 7.000 millones de dólares anuales. En un trabajo que acaba de publicar en Voces del Fénix el experto Saturnino Angel Castaño resalta que ‘solamente el 38 por ciento de los vehículos vendidos en el mercado local son de fabricación nacional, y si consideramos que como máximo el contenido de autopartes es del 30 por ciento, esto significa que al parque automotor de la Argentina se están incorporando vehículos con un contenido local de autopartes inferior al 12 por ciento‘.
En el Plan Estratégico Industrial 2020 lanzado a fines del año pasado se establecen como objetivos para el sector automotriz llegar en diez años a fabricar 1,9 millones de autos con un 60 por ciento de integración nacional, y transformar el actual déficit comercial en un superávit de 8.240 millones de dólares.
Es una linda expresión de deseos, pero para lograrlos se requiere de instrumentos bien diseñados y mucha sintonía fina en la gestión.