YPF comenzó a apurar desde la semana pasada los pasos para dar un golpe de efecto en el marco de la flamante gestión del Estado. Se trata de la construcción de una mega refinería en Bahía Blanca, que funcionaría con petróleo importado de Venezuela, al menos en una primera etapa, y permitiría reducir la sangría de divisas que se lleva la importación de combustibles, uno de los problema que desvela a la presidenta Cristina Fernández.

Durante el martes, el miércoles y el jueves pasados desfilaron por la torre de la empresa en Puerto Madero diversos grupos compuestos por ejecutivos de empresas internacionales para avanzar en la iniciativa. Hay al menos tres compañías involucradas, cuyos ejecutivos se entrevistaron la semana pasada con segundas líneas de Miguel Galuccio, timonel de la empresa: Fluor Daniel, Technip, y Foster, con opciones tecnológicas distintas.

En rigor, se trata de un proyecto que fue concebido en el seno de la gestión de la familia Eskenazi y la española Repsol, que comenzaron las negociaciones hace al menos un año y medio. Entre otras cosas, habían comprado terrenos en las cercanías de Bahía Blanca, principal destino para emplazar la destilería.

Previo al divorcio entre la Presidenta y los accionistas anteriores, el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido, le había dado su bendición a la iniciativa.

El proyecto comprometerá desembolsos casi inverosímiles para una compañía con dificultades para cumplir con sus promesas de inversión, como YPF. De acuerdo con fuentes al tanto de las negociaciones, a lo largo de no menos de cinco años involucrará cerca de u$s 7.000 millones que le permitirían construir un proyecto greenfield con capacidad para procesar hasta 300.000 barriles diarios de crudo. Ese número equivale nada menos que a la mitad de la capacidad de la producción de combustibles instalada en el país, en manos principalmente de YPF, Esso, Shell, Petrobras y Oil.

Petróleo y balanza comercial

“Nos pidieron que estuviese orientada a maximizar la producción de gasoil”, explicó una fuente al tanto de las negociaciones.

Esa exigencia se justifica en las necesidades macroeconómicas. Durante 2011, la Argentina importó energía por unos u$s 9.000 millones que crisparon el humor de la Presidenta. En más de una ocasión, la primera mandataria utilizó ese dato para justificar la nacionalización de YPF. De ese total, las compras de gasoil al exterior, un producto que registra faltantes crónicos en el país, se llevó u$s 1.581 millones, según los números oficiales.

Un ejecutivo petrolero bien informado sobre la actualidad del sector de refinación, que pidió reserva, le quitó posibilidades al proyecto. “Dudo que sea cierto al menos por los próximos tres años. Hoy no hay horizonte de crudo local para satisfacer una planta así”, sostuvo.

Hasta que se confirme la existencia de recursos adicionales de petróleo en Neuquén, en YPF no descartan importar petróleo, por caso, desde tierras bolivarianas. Por eso la ubicación del proyecto en la portuaria localidad bonaerense es estratégica.

Ante la consulta a los proveedores que compiten sobre el origen de los recursos para afrontar el proyecto y las expectativas de concreción, dos fuentes al tanto de esos trabajos respondieron de manera casi idéntica: las cifras están presupuestadas por la empresa (también advirtieron que pueden ser redireccionadas) y la compañía requirió que posibles adjudicatarios de la obra se acercaran al edificio de Puerto Madero no sólo con especialistas técnicos, sino también legales y ejecutivos “capaces de tomar decisiones” sobre las cifras involucradas.