Que la Presidenta haya ventilado por cadena nacional que un contribuyente no presentó como corresponde su “declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde 1997”, es un hecho legalmente irreprochable. El artículo 101 de la ley 11.683 de Procedimientos Fiscales establece que “no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de las declaraciones juradas”.
La objeción a Cristina Fernández pasa por otro lado.
Jorge Gaggero, experto tributarista, miembro del Grupo Fénix e integrante del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, expuso en un seminario sobre Evasión Fiscal, Corrupción y Crisis organizado en Inglaterra por la red Tax Justice Network. En su ponencia “Argentina: lecciones del pasado y recientes mejoras”, plantea una hipótesis sobre el por qué el país registró en la segunda mitad del siglo pasado una brutal reversión desde un sistema tributario notablemente progresivo y a la altura de los países más desarrollados, a otro de gran regresividad, una de las causas del fenomenal retroceso en materia de equidad que sufrió la sociedad; sólo comparable en términos de distribución del ingreso a lo que ocurrió tras el derrumbe de la Unión Soviética.
En forma muy resumida, la hipótesis de Gaggero es que esa perversa tendencia fiscal fue correlato de una performance económica que desestructuró el Estado de Bienestar y deslegitimó, por vía de un proceso “cultural-institucional”, el concepto de imposición progresiva y la función del fisco como redistribuidor de ingresos.
A esa deslegitimación también contribuyó el hecho de que se “consolidará en la opinión pública una imagen de interferencia política en la gestión tributaria e -incluso- de protección política de grandes evasores e incumplidores fiscales que han minado la formal autarquía y la credibilidad de la AFIP (caso Yoma, por ejemplo); ausencia de control efectivo de los regímenes de promoción fiscal; protección al interior del organismo de personas físicas caracterizadas como de ‘significativa trascendencia política’; copamiento de la conducción de la inteligencia tributaria por ‘aparatos políticos’ con orientación mafiosa; entre otros hechos más o menos notorios para la opinión pública”.
Lo anterior es una descripción del pasado, y Gaggero opina que a partir del 2003 la situación general ha mejorado mucho, gracias a políticas macroeconómicas entre las que destaca el desendeudamiento, el aumento de la presión tributaria y del gasto público, y una política de asignación del gasto que ha aplicado una parte significativa de los recursos adicionales obtenidos a la inversión pública y a la redistribución del ingreso. Concluye que “como resultado de estos cambios, que ya han cumplido una década de desarrollo, el país ha ganado grados de libertad para definir su rumbo, aumentos sostenidos en la actividad económica, el empleo y el ingreso y una importante reducción de la pobreza, la indigencia y los niveles de inequidad preexistentes”.
Reconoce avances en el área de la administración tributaria; pero advierte sobre “el riesgo de un retorno al pasado, a los períodos de gran volatilidad en sus conducciones, de pérdida de profesionalidad e independencia en sus más altos cuadros y de la necesaria distancia de las vicisitudes político-partidarias, con el consiguiente debilitamiento de la gestión”. Y agrega: “Los sucesos más preocupantes han sido la virtual repetición de hechos sucedidos a mediados de los años ‘90... la interferencia política en procesos de persecución de evasores poderosos y el desemboque en moratorias y blanqueos a su favor. La repetición de este tipo de sucesos resalta cierta continuidad cultural-político-instituciones a favor de cursos de acción contraindicados”.
El escrache de Cristina no es ilegal, pero se ubica en esos cursos de acción contraindicados que le restan legitimidad a la administración tributaria. En palabras de Gaggero: “La lucha contra la evasión y el contrabando no puede ser legitimada plenamente si las más altas autoridades políticas de la nación no logran emitir, en el plano que podemos denominar ‘político-simbólico’ mensajes adecuados”. Y el mensaje de Cristina puede interpretarse como una persecución al que critica. El antecedente de Clarín y otros apuntala esa lectura.
También es cierto que el grado de evasión es monumental (40% en general y 50% en Ganancias, según estimaciones que figuran en ese trabajo), y que probablemente la inmobiliaria y sus dueños se encuentren entre los infractores.
Además de los claro-oscuros del análisis simbólico-institucional, Gaggero rescata como avances de política tributaria el aumento de la recaudación, debido principalmente a los recursos extraordinarios aportados por los Derechos de Exportación, por el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, y por los ingresos de la Seguridad Social. Vale acotar que los primeros dos son gravámenes prekirchneristas.
Los ingleses que asistieron a la conferencia también escucharon de “amenazas” a la continuidad de las mejoras que “si no fuesen enfrentadas con eficacia y celeridad, podrían comprometer la sostenibilidad de los progresos alcanzados. Los principales son: el nivel sostenido de inflación, la continua declinación de la competitividad cambiaria y las debilidades que afectan a la sustentabilidad fiscal”. Respecto a esto último, Gaggero reclama por una reforma tributaria “largamente demorada” que dote al sistema de mayor progresividad; entre otras cosas, eliminando exenciones en Ganancias que benefician a individuos de altos ingresos, y aumentando las alícuotas máximas para las personas físicas.
En el acto en Plaza de Mayo del 27 de junio, para fundamentar el reclamo de aumento del mínimo no imponible, Moyano contó que al camionero Humberto Chazarreta le habían descontado en junio del año pasado $ 2.106,90 de Ganancias (sobre un sueldo de bolsillo algo superior a $10.000). Lo dijo para corregir a Cristina, que un día antes afirmó que un trabajador con ese sueldo pagaba $ 29 por mes si es casado con 2 hijos o 402 si es soltero.
La verdad es que en los últimos doce meses a Chazarreta le descontaron un total de $10.092,66; algo menos del 10% de lo que cobró. Ni el veintipico por ciento que sugirió Moyano, ni los porcentajes que surgen de lo que informó Cristina.