Luego de varios pedidos y reclamos, tanto a nivel empresario como diplomático, la distribuidora eléctrica Edesur incumplió un pago con el Estado. El lunes le comunicó a Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico, que no afrontaría un desembolso de $ 31,5 millones por energía ya despachada.
Si bien se trata de una cifra menor con respecto a la factura que debe abonar la empresa por la electricidad que vende a sus clientes –ronda los $ 160 millones mensuales–, es un hecho que profundiza la tendencia que muestra el sector desde principios del año. Pero con más condimentos, ya que Edesur es la empresa más grande en su rubro a nivel nacional, abastece a tres cuartas partes de los clientes de la Ciudad de Buenos Aires e intentó hasta último momento cumplir con sus compromisos.
La suspensión del pago de Edesur es el epílogo de un vector que comenzó a manifestarse hace meses. De acuerdo con las últimas planillas de Cammesa, al 6 de junio unas 13 empresas le debían casi $ 360 millones, 43% más que los $ 250 millones que marcaban sus registros al 16 de marzo, 3 meses antes.
Más allá de la mora, los ejecutivos de Edesur ensayaron una prolija ingeniería para no cargar las tintas contra el Gobierno nacional. A través de una carta a la que tuvo acceso El Cronista, la empresa, que pertenece a la italiana Enel, informó el lunes a Cammesa que al día siguiente dejaría de pagar $ 31,35 millones (la última cuota de junio).
Edesur, que hizo un pago menor, extendió la responsabilidad al Gobierno de la Ciudad, a cargo de Mauricio Macri. Es que el jefe porteño se negó a pagar la factura de luz sin subsidios –como estipuló el Gobierno a principios de año, cuando estaba en plena vigencia su plan para disminuir las subvenciones del Estado– y continuó abonando la tarifa anterior.
En su misiva a Cammesa, antes controlada por el ministro Julio de Vido pero desde hace dos semanas en manos de La Cámpora, Edesur argumentó que intentó por varios medios cobrar las acreencias del sector con la Ciudad. Hasta labró un acta ante escribano donde muestra que intentó suspender el servicio en el Complejo Teatral de Buenos Aires, cuya nave insignia es el Teatro San Martín, que fue rechazada por los funcionarios porteños.
El Gobierno porteño apeló la quita de subsidios en la Justicia, al igual que lo hicieron Córdoba y Santa Fe. Pero a diferencia de éstas, aún no tuvo una respuesta desde los estrados.