Anunciado por Cristina en la última víspera navideña bajo el pretexto de combatir el “perverso sistema” de la “usura institucionalizada”, el tope oficial para las tasas de interés de préstamos a jubilados alcanzó en sólo un mes a dinamitar una buena parte del negocio de las mutuales y cooperativas que hasta entonces financiaban a clientes de la tercera edad.
Prácticamente todas ellas, en las últimas semanas, decidieron cortar de plano su oferta de préstamos a jubilados y dar vacaciones a sus empleados; analizar el rediseño de su negocio, intentar vender la compañía o hasta, en el peor de los casos, prepararse para una eventual convocatoria de acreedores.
El motivo: que la tasa de interés impuesta por la Presidenta en el decreto, de alrededor del 35% (cinco puntos por encima de la que ofrece el Banco Nación), resulta para todas imposible de llevarse a la práctica. Los prestamistas advierten que la “tasa pura” –compuesta sólo por la cuota social, el seguro de vida y el IVA de los intereses– se ubica por encima del 18% anual. “Si a esto le sumás el costo de fondeo (la tasa que pagan por un plazo fijo), que es de otro 18%, no queda el más mínimo margen para dar préstamos al 35%”, se exasperó un banquero que está asociado con una de las grandes mutuales del país. “Lo único que hacen con esto es cortar el financiamiento que hasta ahora recibía un 30% de los jubilados en el país que no califica para tomar otro crédito bancario”, agregó.
Molestos por la medida, en el sector creen que el negocio perdió atractivo y advierten que esto los obligará a dejar unos 10.000 empleados en la calle. “Lo que quiere hacer el Gobierno es arruinarnos el negocio para poder apropiárselo. ¿Sabés quién va a ser el único que le va a prestar ahora a los jubilados? La ANSeS. De ese modo, el Gobierno gana un 35% más de presupuesto, y se asegura un flujo de caja, sin ningún problema de fondeo”, contaron desde una mutual. En la Argentina hay actualmente unos 2 millones de jubilados bancarizados. Para ellos, el préstamo promedio es de $ 5.500. Esto permite estimar que el financiamiento total para este segmento de la población, que en adelante podría empezar a captar sólo la ANSeS, se ubica en torno a los $ 11.000 millones.
Según pudo consignar El Cronista, algunos empresarios del sector decidieron empezar a tantear a ejecutivos de bancos privados para tramitar una posible venta de sus compañías. La semana pasada, por caso, un gerente recibió propuestas para comprar dos pequeñas mutuales con código de descuento de la ANSeS: “Meses atrás el mercado estaba durísimo y no podías conseguir alguna por menos de un millón de pesos; en pocos días me ofrecieron dos por $ 120.000; les contesté que prefería esperar a que estuvieran más baratas”, contó.
En ese banco obtenían hasta diciembre pasado una originación de préstamos para jubilados de $ 16 millones mensuales. Pero desde el anuncio de la Presidenta, lograron colocar apenas $ 2 millones.
En el sector consideran que muy pronto se multiplicará la cantidad de mutuales y cooperativas que empiecen a anunciar sus convocatorias de acreedores, dado que según la ley éstas son sujetos de concursos o quiebras. Desde una de las compañías consultadas, uno de los prestamistas se irritó por las adjetivaciones que recibieron en el discurso presidencial del 21 de diciembre pasado: “Nos dijo usureros porque nosotros prestamos a una tasa de interés de entre 70% y 80% anual; pero ésta es muchísimo menor al 100% de costo financiero total que cobran muchos bancos extranjeros en el país por sus préstamos personales”, protestó. “Y eso que nuestros costos son mayores: nosotros tenemos que pagar un seguro muy caro porque destinamos nuestras líneas a gente de la tercera edad, que tiene un mayor riesgo de muerte cercana”, agregó.
Aquella vez, en un primer esbozo de lo que podría ser objetivo final de la ANSeS, la presidenta anunció que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) otorgaría en adelante “un 20% de sus recursos para otorgar créditos a los adultos mayores”. Esto, de acuerdo a los $ 201.000 millones informados por la ANSeS a fin de octubre pasado, supondría volcar para ellos unos $ 40.000 millones.