En estas fiestas, el concepto de moda se llama ‘posición dominante’. Se trata de un término técnico y empresario. Mejor dicho: de negocios. Para mayor precisión: del tipo de competencia que se da en una actividad determinada. En la Argentina, ‘posición dominante’ fue sinónimo de ‘Grupo Clarín’ durante mucho tiempo. Lo usaron Julio Ramos, Héctor Ricardo García, Jorge Fontevecchia y Jorge Lanata, entre otros, para explicar cómo Clarín se valió de Papel Prensa con la intención de obtener papel de diario más barato y así asfixiar a la competencia. En su momento, el editor de Perfil explicó que el abuso de esa posición hizo que se discontinuara el diario que creó en el año 1998. También expresó que la posición dominante de Clarín se extendía al área departamento comercial, porque los gerentes del grupo amenazaban a los anunciantes con no publicar los avisos si también publicitaban en Perfil. Ahora tanto Fontevecchia como Lanata explican que ya no es necesaria una ley contra Papel Prensa como la que acaba de aprobar el Parlamento oficialista porque cualquier diario puede comprar papel importado más barato de lo que lo vende la empresa de Clarín, La Nación y el Estado. Sin embargo Horacio Verbistky, un periodista que acompaña la mayoría de las decisiones de este gobierno, explicó que se trata de un fenómeno volátil, igual que el precio de la soja, y que por lo tanto hay que apoyar con entusiasmo la ley que pidió la Presidenta. Verbitsky descuenta que el Estado debe asumir con fuerza su papel regulador, y parece no tener en cuenta los antecedentes de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes utilizaron y siguen utilizando su posición dominante y monopólica en la distribución de la publicidad oficial para ahogar a los medios y periodistas críticos y favorecer a los sumisos y alineados, como el matutino donde él es columnista. Este es, precisamente, el argumento central de Fontevecchia, Lanata, Clarín y La Nación. Para que se entienda bien: ni los periodistas ni los diarios dudan de que se trata de una jugada de Cristina Fernández para acallar las voces críticas.
Los accionistas del Grupo Uno Medios tuvieron la deferencia de hacerme llegar la información que explica la demanda de Supercanal contra Cablevisión. Me enviaron una copia del fallo del juez que hace lugar al pedido, designa un coadministrador y le ordena que deje sin efecto la fusión de Multicanal y Cablevisión que firmaron tanto Néstor Kirchner y Guillermo Moreno en noviembre de 2007, cuando terminaba el mandato del ex presidente. Luis Galli, CEO del Grupo Uno, afirmó, en un reportaje que le hice para la radio, que la demanda había sido presentada hace ocho meses y que se basa en una queja por supuesto abuso desmedido de la posición dominante de Cablevisión en las provincias donde compite contra Supercanal y otros operadores de cable. Le pregunté a Galli porqué había sido un juez de Mendoza quien ordenó anular la fusión y me explicó que la posición dominante afecta las actividades de Supercanal también en esa provincia. Le pregunté si sabía por qué el magistrado le había ordenado a la gendarmería ingresar a la sede de Cablevisión. Me respondió que lo ignoraba. Me aclaró que para él y para el Grupo Uno se trata solo de una cuestión de negocios. Me recordó que en todo el mundo las empresas litigan cuando se sienten amenazadas y que en los Estados Unidos todos los días los grandes grupos se la pasan defendiéndose contra demandas por uso y abuso de posición dominante.
Me consta que las quejas de Supercanal contra Cablevisión no empezaron ayer. Y es innegable que se trata de una cuestión de negocios. ¿Qué se entiende, en este caso, por abuso de posición dominante? ¿Cuál es el porcentaje máximo de ‘torta’ del negocio que permite la ley? ¿Tiene que ver solo con el tamaño del pedazo de torta o con el tipo de acciones de la empresa con más poder? Esto es algo que debería resolver Defensa de la Competencia y los jueces probos y fuera de toda sospecha. Sin embargo, hasta un niño que empieza a leer los diarios puede darse cuenta que el gobierno nacional debe estar disfrutando de las alternativas del litigio entre ambos grupos periodísticos.
Es que la verdadera posición dominante, abusiva, autoritaria y avasallante es la del gobierno nacional, cuyos funcionarios no dudan en usar cualquier herramienta legal o ilegal para acumular más poder y si es posible perpetuarse hasta más allá diciembre de 2014, que es cuando la Presidenta culmina su mandato. Como la pelea es a muerte y el objetivo no es negociable, la administración puede recoger en el camino, aliados tácticos para infringir mayores daños, o demoler a quienes fueron socios estratégicos, como Hugo Moyano, Daniel Scioli o, en su momento, el propio Grupo Clarín. Los voceros oficiales no se cansan de repetir que todas sus iniciativas tienen la intención de proteger a los más débiles y garantizar igualdad de oportunidades para todos. Pero cada vez está más claro que, en la Argentina, se están empezando a perder los espacios de libertad para informar y opinar. Y que lo que pretende este gobierno es contar con una opinión pública domesticada. En especial a partir del año que viene, cuando la desaceleración del crecimiento de la economía podría influir en el humor social.
La preocupación por este clima persecutorio está presente en cada uno de los entre 5 mil argentinos a los que se podría catalogar como ‘formadores de opinión’. Son empresarios, sindicalistas, profesionales con acceso a información más allá de los medios masivos, fiscales, jueces y altos funcionarios de toda la administración pública. El problema es que muchos de ellos dependen directa o indirectamente de las decisiones del gobierno y no parecen tener lo que hay que tener para empezar a habla en voz alta. Aunque el contexto es diferente, no es distinto al comportamiento hipócrita de la mayoría silenciosa que convalidó, por acción u omisión, muchas de las acciones de la última dictadura. Que nadie se confunda: no estoy comparando a este gobierno, que acaba de ganar de manera legítima, con el 54 por ciento de los vo tos, con el denominado Proceso de Reorganización Nacional. Estoy hablando del comportamiento acomodaticio de quienes saben y callan. Mañana, si las consecuencias se agravan, dirán que ellos no la votaron, como hicieron con Carlos Menem y Fernando de la Rúa, acá cerca y no hace tanto tiempo.