La desconfianza vuelve a dominar la relación del campo con el Gobierno

Es difícil identificar la razón que logra que la relación entre el gobierno de Alberto Fernández y el campo tarde o temprano termine en un cortocircuito. Tal vez sea el acercamiento natural que la dirigencia peronista siente hacia el aparato industrial, por entender que es casi parte de su ADN. O puede ser que prime aún la desconfianza que se abrió cuando en el primer mandato de Cristina Kirchner, el oficialismo y todo el sector se libró en una guerra sin cuartel que terminó cuando Julio Cobos pronunció su famoso voto "no positivo" contra el aumento de las retenciones.

Lo real es que en el cierre del año, el Ministerio de Agricultura sorprendió a los productores con el cierre del registro de exportaciones de maíz, inhibiendo los embarques previstos hasta el 1 de marzo. El argumento es otro clásico del proteccionismo local: preservar el abastecimiento de aquellos que utilizan el cereal como insumo en su proceso de transformación. El objetivo es garantizar el grano que utiliza la ganadería para sus animales, amén de ser la base de varios alimentos de la canasta básica.

Las entidades agropecuarias aseguran que no hay un faltante de producción, y que de esta manera lo que inducen es a restar área sembrada, lo cual implica menor venta al exterior y menor entrada de divisas.

Al Gobierno le cuesta encausar la relación con las entidades representativas del sector, al punto de que generó un diálogo a partir de una institución más abarcativa, el Consejo Agroindustrial Argentino, en el que también están presentes los agroexportadores y la Bolsa de Cereales, entre otros. Hubo rondas de discusión con Martín Guzmán y el gabinete económico, destinadas a articular un proyecto que actúe como ley de fomento, proponiendo respuestas a las barreras fiscales, aduaneras y sanitarias. Y aunque en lo formal ese diálogo prometía buenas perspectivas, lo que quedó en la mesa en estas horas es un renovado recelo.

Con los exportadores la relación no es mejor que con los productores. Más allá del incidente Vicentin (el intento de tener una empresa en manos del Estado para que genere precios testigo no le gustó a nadie), los vaivenes que hubo alrededor de la baja temporaria de las retenciones tampoco contribuyeron.

El Gobierno estaba necesitado de dólares y buscó estimular la liquidación temprana. Pero la medida fue considerada insuficiente, con lo cual el resultado tuvo gusto a poco. Sobre el cierre del año, el conflicto gremial que paralizó a la industria y a los puertos cerealeros fue otro punto de discordia. El Estado actuó como testigo durante 20 días, sin mostrar algún gesto de contención que ayudara a destrabar el pleito sin tener que ceder a todas las demandas. El balance del año no es bueno. El diálogo que sirve es aquel en el que las intenciones van acompañadas de los actos.

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