Opinión

La crisis peruana se regionaliza

La crisis político institucional de Perú confirma que es la democracia más frágil y la economía más estable de la región.

En los últimos dos años se han sucedido cuatro presidentes. En los cuatro precedentes, seis personas han ejercido este cargo. En las últimas dos décadas cuatro presidente o ex presidentes han sido detenidos por corrupción y uno se suicidó por esta causa.

Las crisis de los partidos políticos es la causa central de la inestabilidad político-institucional peruana. Ello que se vio reflejado en un Congreso cada vez más dividido y una elección muy fraccionada como fue la de 2021, en la cual ninguna fuerza superó el 20% en la primera vuelta.

En la segunda, un candidato proveniente de la izquierda y sin experiencia, Pedro Castillo, se impuso por menos de un punto sobre Keiko Fujimori, hija del dictador que gobernó durante los años noventa.

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En el Congreso, así es muy difícil constituir mayorías para gobernar eficazmente.

Grupos políticos que hasta hace pocos años eran extremistas, como el del ex Presidente Pedro Castillo y el de Keiko Fujimori, dominan el escenario político. Pero ambas fuerzas tienen marcadas divisiones internas que acercan la situación a la anarquía.

Además, la constitución peruana permite destituir a un Presidente por "inhabilidad moral", para lo cual se requieren 87 de los 130 legisladores del parlamento unicameral. El 6 de diciembre, la oposición tenía 77 votos definidos por la destitución y 11 se mostraban indecisos. Fue el momento en el que el Presidente Castillo decidió su frustrado autogolpe, que duró sólo tres horas.

Los hechos se precipitaron con gran velocidad, llevando al país a la peor crisis político-institucional desde la caída de Alberto Fujimori hace tres décadas. Castillo decidió disolver el Congreso, asumir sus atribuciones y convocar a una asamblea constituyente para establecer un nuevo modelo de estado. Intentó el autogolpe con sólo un puñado de ministros.

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Cuando en la tarde de ese día, después de haber leído su mensaje de disolución del Congreso, su ministro de Defensa le anunció que las Fuerzas Armadas no avalaban el paso que acababa de dar, comenzó a dudar. Esto dio tiempo a los legisladores opositores para cerrar filas, destituir al Presidente por intentar disolver el Congreso, detenerlo y acusarlo de sedición y violación de la constitución. El autogolpe duró sólo tres horas y fue sofocado por el contragolpe legislativo. Asumió la Vicepresidenta Dina Boluarte -del mismo partido del entonces Presidente-, quien anunció inicialmente que lo hacía hasta el fin del mandato en 2026.

La reacción de los partidarios de Castillo en las calles empezó a hacerse sentir y en los días siguientes se fueron realizando protestas en decenas de ciudades del país, con ocupación de empresas y universidades y numerosos cortes de rutas y vías públicas. La toma del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país, marcó un punto culminante y en los enfrentamientos con las fuerzas policiales se produjo una decena de muertos. La Presidenta anunció que adelantaba la elección al 2024 para calmar las protestas, y luego a 2023.

Pero no parece que suceda. El autogolpe de Castillo, fue rechazado por 100 legisladores y sólo 6 lo apoyaron. Pero 10 días después, la situación fue muy diferente. El proyecto de adelantar las elecciones tuvo 43 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones. La alternativa de convocar una Constituyente,- primer reclamo de los partidarios de Castillo,- también fue rechazado.

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Mientras tanto las protestas violentas se extendieron, sobre todo en el interior del país, en las zonas donde predominan los seguidores del Presidente, quienes siguen reclamando su reposición en el cargo y que sea puesto en libertad. Cabe mencionar que la Suprema Corte le ha impuesto prisión preventiva de un año y medio por el autogolpe lo que es autorizado por la Constitución.

Fue tomado el aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país y los cortes de rutas y caminos se acercaron al centenar. La Policía y las Fuerzas reprimieron con energía por orden la Presidente. Los muertos están llegando a 30 y los heridos se cuentan por centenares. Hay también numerosas víctimas en la fuerza pública.

Pero la crisis se regionalizó. Al quinto día de la crisis, los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina, en una declaración conjunta, reclamaron a las autoridades peruanas que se respeten los derechos de Castillo y que eviten desviar la voluntad popular expresada electoralmente. Eso sucedió cuando los mismos gobiernos se pronunciaban en respaldo de la Vicepresidenta Cristina Kirchner frente a su primera condena por corrupción en la justicia argentina.

Al décimo desde La Habana, la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), fundada hace dos décadas por Fidel Castro y Hugo Chávez, e integrada por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y varios países del Caribe, exigieron también la libertad y reposición de Castillo y su libertad. En el mismo documento condenaron el fallo contra la Vicepresidenta argentina.

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A su vez los gobiernos de Chile y Ecuador, pese a sus diferencias ideológicas, expresaron preocupación ante el riesgo que las protestas violentas se propaguen a otros países de la región.

Por su parte el Secretario de Estado Anthony Blinken, se pronunció enfáticamente en apoyo del frágil gobierno de Boluarte, por considerarlo el legítimo de acuerdo a la Constitución

Brasil optó por el silencio, pero Lula, el Presidente que asume el 1° de enero, seguramente comparte la posición de sus futuros colegas.

Esta crisis político-institucional probablemente sea la prueba más importante que tiene que sortear un país que hasta ahora había logrado mantener la mayor estabilidad económica de América Latina, con la fragilidad político-institucional más intensa.

Estados Unidos, por su parte, no comparte la posición de los gobiernos latinoamericanos más importantes. Una crisis nacional puede convertirse así en una regional. Como sucedió en Chile, un modelo económico exitoso no implica gobernabilidad política. Las constituciones son el freno al cambio de modelo populista y por ello su reforma es un campo central de la lucha política.

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